Tres son, o deberían ser, los pilares estratégicos en el
salto, en el caso de España, que harían converger a la nación hacia la
consecución de un Estado plenamente desarrollado. Sin tales principios motores
del resto de la arquitectura del país, no es posible, bajo ningún concepto,
salvaguardar el resguardo frente al dictado de un rumbo a la deriva y sin capacidad de sortear el
privilegio de los intereses de unos pocos que, al margen de la mayoría, viven
bajo la batuta del incremento de su propio beneficio material y una cuota de
poder cada vez de carácter más absoluto.
En primer lugar, es del todo necesario alcanzar una separación
de poderes dentro del Estado, como garante de la seguridad jurídica, que
principie el correcto árbitro del funcionamiento de la actividad económica. En
segundo término, es absolutamente necesario llevar a cabo la sempiterna reforma
de la ley electoral, la fórmula D'Hondt, que abre la puerta de la gobernabilidad
de España al separatismo y, en último término, se hace urgente lograr la evolución
y transformación de la Administración pública hacia su entera
profesionalización, al margen de cualquier intervención o vinculación de
carácter político.
