Valle de los Caídos

 

   La relación entre el Estado y la Iglesia Católica, se circunscribe dentro del fenómeno de los acuerdos confesionales, los concordatos, que se elevan como figuras que permiten el ejercicio de la libertad religiosa dentro del marco de la vida social y el respeto constitucional. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, LOLR, se enmarca dentro del artículo 16 del texto constitucional y la concreción de los derechos individuales del artículo 9.2 CE, a tenor del cual los poderes públicos deben velar porque la libertad e igualdad sean efectivas. La laicidad del Estado promulga el principio de que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero también establece la imparcialidad de los poderes públicos a quienes se les impide ordenar el funcionamiento de las opciones religiosas. El artículo 14 CE, por su parte, establece una declaración de igualdad ante la ley y prohíbe toda discriminación.

  Aunque la laicidad del Estado art. 16.3 CE sea compatible con la regulación pública de espacios monumentales y la memoria histórica, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, sin que constituya una vulneración de la autonomía de la Iglesia, siempre que se respeten los acuerdos de cooperación y los ámbitos competenciales, la resignificación supone una contradicción entre el principio de laicidad del Estado, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los acuerdos de cooperación con la Iglesia. El atentado contra la entera integridad del Valle por parte del Gobierno y la oposición en curso por complacencia, no sólo supone una afrenta directa contra la libertad religiosa y de culto consagrados en la expresión del artículo 16 CE, sino que viola el principio de laicidad, como efecto de la injerencia física en asuntos patrimoniales de la Iglesia, y del principio de cooperación, ya que éste no implica la renuncia de derechos legítimos de forma unilateral en beneficio de los poderes públicos y su adscripción ideológica.

   La gestión civil invade el recinto de culto, vulnera la autonomía de la organización de las entidades religiosas y el ordenamiento jurídico en el momento en el que los actos administrativos del ejecutivo o la Ley de la Memoria Democrática entran a modificar el derecho eclesiástico en detrimento del artículo 46 CE que obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, cualquiera que sea su titularidad. Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional garantiza su conservación como un deber de los poderes públicos exigiendo la adopción de actuaciones tendentes a eliminar situaciones de riesgo y daño efectivo que pudieran resultar irreversibles.

Ventana rota

            El politólogo James Q. Wilson introdujo junto al criminólogo George L. Kelling un experimento del que surgió la llamada teoría de la ventana rota, en virtud de la cual existe una percepción ambiental que influye sobre el comportamiento de los individuos, de modo que, si la autoridad es percibida con signos evidentes y visibles de debilidad, aquellos tienden a realizar actos incívicos. Es decir, los detalles de desorden como las ventanas rotas, los grafitis o un entorno descuidado y sucio, según dicha teoría, fomentan la comisión de delitos más graves. El alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani incorporó a ambos estudiosos a su equipo municipal, y el resultado práctico de sus ideas contribuyó a la reducción de las tasas de criminalidad.

            El efecto contrario lo tenemos en España, donde el abandono social provoca un efecto contagio, una percepción de impunidad y una sociedad vulnerablemente desatendida que atrae delitos violentos y otros ataques contra la propiedad privada.  

            Los famosos okupas sólo pueden ser detenidos o desalojados sin necesidad de orden judicial si son pillados in fraganti. Si se da una posesión del inmueble tras la consumación de un delito de allanamiento, pero los delincuentes cambian la cerradura o ponen los suministros a su nombre, la vivienda pasa a estar protegida por la inviolabilidad del domicilio y la policía no puede actuar si no es con la autorización de un juez, corriendo los gastos del inmueble a costa de su legítimo dueño.

            El atractivo que supone España como refugio subvencionado que acoge a menores extranjeros, otorgándoles una asignación semanal para gastos de ocio personal, alojamiento, alimentación, escolarización, sanidad gratuita y servicios sociales, o al alcanzar la mayoría de edad acceso a rentas mínimas de inserción, ayudas sociales autonómicas, itinerarios formativos, búsqueda activa de empleo y residencia legal, o para las personas extranjeras en situación irregular sin residencia legal la garantía de una asistencia básica universal y humanitaria, sanidad pública, escolarización básica y servicios sociales de emergencia y si tienen residencia legal, además, acceso al Ingreso Mínimo Vital y a otras rentas mínimas, prestación por desempleo y a pensiones no contributivas, provocan un claro efecto llamada, todo ello si no son víctimas de violencia de género o trata de seres humanos, en cuyo caso se abren programas asistenciales al margen de la situación documental previa o si son solicitantes de asilo o protección internacional, un estatus legal provisional que incluye alojamiento y manutención.

            Los datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) sobre el nivel de exclusión social y pobreza en España arrojan cifras escalofriantes que afectan en términos de riesgo de pobreza o exclusión social al 25% de la población, siendo un 8% considerado como pobreza severa y afectando en el caso de la pobreza infantil a la tasa más elevada de Europa. La pobreza desatendida o no cubierta afecta según fuentes como Cáritas al 50% de los potenciales españoles beneficiarios que quedan fuera del sistema público. A todo esto, hay que añadir la brecha digital que impide a muchos ciudadanos españoles realizar trámites telemáticos con las diferentes administraciones públicas o la pobreza laboral que hace que el 10% de la población laboral ocupada en España se encuentre en riesgo de pobreza debido al salario, las reducidas jornadas o la temporalidad en el empleo. Todo ello, sitúa a nuestro país a la cabeza en cuanto a pobreza y desigualdad o desempleo dentro de la Unión Europea y la OCDE.

            Si a este panorama, sumamos la grave situación que vive Ceuta, tras la entrada masiva registrada en la frontera de ilegales, la vulnerabilidad del control fronterizo, la falta de atención sanitaria suficiente, el deterioro de las condiciones de salubridad, el colapso de la atención hospitalaria y el sistema policial o asistencial, se refuerza la teoría de la ventana rota. Un gobierno débil, cuando no ausente, y una autoridad meramente testimonial y presencial, provocan un efecto de percepción ambiental que está causando actos delictivos y de agresión contra los nacionales de Ceuta y según los datos oficiales del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, el incremento de la delincuencia generalizada en todo el país.

La sociedad civil contra el jacobinismo

        El historiador y sociólogo Pierre Rosanvallon, analizando la historia política de Francia, logra a través de su obra una interpretación de incipiente interés para el caso español que nos ocupa, esto es, la desintegración de nuestro Estado. El autor galo parte del peso centralista que tradicionalmente le había sido asignado al modelo político francés, jacobino por antonomasia, para llevar a cabo una sutil corrección y determinar que esa idea de un Estado fuerte frente a una sociedad pasiva no es del todo exacta, demostrando que el papel de la sociedad civil ha jugado un rol importante como eslabón de resistencia frente a ese centralismo rígido, rompiendo la idea de ser un bloque monolítico. Las demandas sociales son, en consecuencia, tenidas en cuenta frente una de las características fundacionales revolucionarias, como había sido la de prohibir aquellos elementos gremiales o asociacionales que pudieran interponerse entre el Estado y el ciudadano.

         Es, por tanto, un elemento fundamental de la sociedad francesa la organización de la sociedad civil a través de sus elementos asociacionistas, cooperativistas o mutualistas, como un modelo que resume la historia reciente a expensas del resultado de la búsqueda del equilibrio entre la democracia francesa y sus diferentes tensiones internas. Frente a un incuestionable colapso institucional, como es el caso español actual, ese modelo de autogestión y la búsqueda constante de contrapoderes se erigen en la determinación de una necesaria instauración de la revitalización de la sociedad civil como eje de canalización de la libertad y la democracia frente a la inacción o despotismo estatal.

El okupa de la Moncloa

“Banco Santander, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alterna la colaboración institucional en grandes metas económicas y ecológicas con fuertes desencuentros fiscales. Ana Botín, ecologista y feminista: la cara humana de la española más influyente en el mundo”. elespanol.com

 

            George Soros es un inversor y magnate financiero de origen judío cuya familia sobrevivió al Holocausto falsificando sus documentos de identidad para hacerse pasar por cristianos y colaborando con los nazis en la confiscación de bienes a los judíos perseguidos. En varias entrevistas ha reconocido públicamente su carencia de escrúpulos y moralidad. Entre otras acciones, que así lo corroboran, figuran la quiebra del Banco de Inglaterra o el sistema de pensiones de algún que otro país. Al margen de sus inversiones, utiliza su importante fortuna para crear fundaciones de la Open Society, dedicada a financiar la agenda woke y progresista 2030 y crear una red de medios de comunicación y políticos afines a su causa. Algunos analistas internacionales lo sitúan como un simple subalterno de la familia Rothschild.

            La primera persona que recibió como presidente de Gobierno a George Soros en la Moncloa fu su adlátere, Pedro Sánchez, sin cámaras ni medios de comunicación. Un líder que ganó las primarias de su partido a través del pucherazo realizado en el Comité Federal, que fue elegido en 2018 tras perder las elecciones después del triunfo de la moción de censura contra Rajoy, que consiguió mantenerse en el poder gracias a la fontanería del PSOE y la gestión del voto por correo y que ya está preparando con la Ley de Nietos y la instrumentalización de la inmigración su continuidad como okupa del sillón presidencial.

¿Cui prodest?

            Al tiempo que el pueblo español es más pobre desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, como consecuencia del incremento de la presión fiscal, la pérdida de convergencia en la renta per cápita frente al entorno europeo, el aumento de la deuda pública o la inflación, las empresas del IBEX 35 han registrado un récord histórico superior a los 65.000 millones de euros en los últimos ejercicios cerrados desde 2018, impulsado fuertemente por los márgenes de la banca y el sector energético.

Israel

 

“El Parlamento de Israel debatirá reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco”. okdiario.

 

En mayo de 2024, la diputada israelí Shrarren Haskel dirigió una misiva al primer ministro Netanyahu, solicitando al Consejo de Ministros hebreo que elevase al pleno el reconocimiento formal de la independencia del País Vasco y Cataluña. Conocidas y públicas son las relaciones habidas, secretas o no, entre el País Vasco y Cataluña, es decir entre ETA y PNV o la banca catalana del pujolismo con el Estado de Israel, que no sólo se han limitado a establecer contactos puntuales o periódicos, sino a desarrollar operaciones y actividades del Mossad en territorio español, ya fuera en tiempos de la República, para minar el régimen franquista o bajo el reciente periodo democrático. La contribución a la balcanización de España, vía financiera o de apoyo material u organizativa, ha sido promovida desde el exterior de forma continua hasta eclosionar en los recientes acontecimientos de Ceuta y Melilla, o al menos esa es la tesis de no pocos analistas internacionales que sitúan al eje Israel-Marruecos como el tándem junto a EEUU que pretende directamente debilitar a España y la Unión Europea en su posición de garante del Estrecho de Gibraltar. Trump así lo ha manifestado en público, instando con su apoyo a que Marruecos se haga con el control de los territorios españoles ubicados en África, al tiempo del apoyo directo a España por parte de su homólogo Andy Burnham, guardando las apariencias de cara a la galería.    

Gibraltar

            En 1941, la Wehrmacht diseñó un plan de invasión de Gibraltar, la Operación Félix, consistente en la realización de un ataque combinado de las fuerzas armadas alemanas para neutralizar la roca. La falta de un acuerdo final entre el régimen español y el alemán impidieron llevar a cabo una operación del todo viable sobre el terreno para recuperar la soberanía española y poner término a la última colonia, así reconocida por Naciones Unidas, bajo el eufemismo de territorio no autónomo, junto a otros diecisiete entre los que se encuentra como pendiente de descolonización el Sáhara occidental.   

            El 13 de julio de 1713, el Tratado de Utrecht, cedió a la Corona británica la propiedad de la plaza española, según reza su artículo X:

"El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno”.

En virtud del mencionado artículo, se cedió únicamente la localidad, el castillo y el puerto, sin otra jurisdicción territorial, quedando terminantemente prohibida la comunicación terrestre con España, el contrabando de mercancías; las provisiones, no podían llegar sino bajo condiciones estrictas y pagando los correspondientes derechos de aduanas; y estableciendo una cláusula en virtud de la cual, la Corona española tendría derecho prioritario para recuperar su territorio cedido en caso de que Gran Bretaña decidiera renunciar a su posesión.

Una serie de epidemias, hicieron que las autoridades británicas solicitaran a las españolas la ocupación por razones humanitarias de la superficie actual. Así Gran Bretaña extendió su presencia, sin retirarse pasada la crisis sanitaria. El actual Gibraltar, que incluye la ocupación ilegal del istmo, la parte donde discurre la población, las instalaciones militares y el aeropuerto, nunca fueron cedidas en términos estrictamente legales. Tiempo después, las autoridades españolas cayeron en la cuenta de que debían haber solicitado el retroceso británico a las condiciones establecidas por el Tratado de Utrecht. El Reino Unido, frente a la legítima reclamación española arguyó en términos de derecho internacional la aquiesciencia, una figura jurídica consistente en el alegato de la falta de reclamación de un Estado ante un hecho consumado, por lo que el Estado afectado al no haber manifestado su enérgica oposición en un plazo razonable, y ante la prolongada inactividad, Gran Bretaña reconocía su presencia bajo el consentimiento implícito del Estado español.

Si se vincula la dimensión de la importancia de la entrada peninsular al Mediterráneo y el volumen energético que pasa por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz, hablamos de un consumo de petróleo y gas de alcance e importancia mundial. Dicho de otro modo, el Estrecho de Gibraltar está estrechamente vinculado al punto más crítico del planeta. La presencia en la península de Crimea así como el control de los accesos al mar Negro, no son sino el mismo deseo de Rusia de acceder al valor vital geoestratégico de la flota del Mar Negro y Sebastopol.

La aquiesciencia que arguye la defensa jurídica británica no se ajusta con la oposición explicita y la doctrina del acto contrario basado en la protesta formal e ininterrumpida de España, ya que la soberanía española nunca ha renunciado formalmente a la defensa de sus derechos territoriales. En términos de protesta diplomática, España ha reclamado sus derechos legítimos en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización, que ha aprobado resoluciones y emitido notas verbales que invalidan la idea de un consentimiento tácito o aquiescencia. Además, España reclama la nulidad del título originario por ocupación ultra vires y la delimitación taxativa de la cesión conforme al texto del artículo X. Por último, la ocupación de facto de zonas no contempladas en el Tratado de Utrecht, como el istmo o las aguas territoriales circundantes no concedidas expresamente, no tienen ni han adquirido validez jurídica definitiva mediante la simple tolerancia temporal, ya que los derechos de soberanía histórica afectados son inalienables, por lo que España no sólo debe garantizar su soberanía en las ciudades autónomas que le corresponden por derecho histórico, sino reclamar lo que le corresponde por violación explícita de su territorio nacional.

Invasión

La ciudad autónoma de Ceuta ha sido testigo de una grave crisis de flujo migratorio de proporciones históricas tras el protagonismo de una entrada masiva e irregular de personas a través del espigón marítimo limítrofe con Marruecos, ante la total e incomprensible inacción de las autoridades españolas. Decenas de miles de personas han cruzado en un intervalo de muy pocas horas los territorios de Ceuta primero y Melilla después, superando por completo los recursos de contención y los servicios de emergencia españoles, provocando el colapso de la infraestructura local y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), dejando un trágico balance de personas fallecidas por ahogamiento y provocando la generación de condiciones de gran riesgo para la población residente en la ciudad.

Ante la situación que ha desbordado los controles ordinarios de extranjería y amenazado la estabilidad de las ciudades autónomas, se deberían haber activado los mecanismos constitucionales y legales que hubieran permitido el despliegue extraordinario de los recursos del Ejército efectivos, con el fin de restaurar el orden público y proteger la soberanía nacional frente a la entrada masiva y coordinada de inmigrantes ilegales, constitutiva de un atentado directo contra la integridad territorial de España y un desafío al orden soberano de las fronteras exteriores del Estado, las cuales deben ser defendidas y garantizadas por los poderes públicos conforme al mandato constitucional y el derecho internacional en materia de control de los movimientos migratorios masivos y desordenados en zonas fronterizas terrestres y marítimas que reconoce la potestad soberana de los Estados para regular y controlar el acceso a su territorio, proteger sus fronteras exteriores y determinar las condiciones de entrada y permanencia de los ciudadanos extranjeros, dentro del marco de los convenios internacionales ratificados por España, por lo que debería haber sido declarada la emergencia nacional y activado el operativo de cooperación bilateral y los refuerzos policiales y tecnológicos, dentro de las garantías de los Convenios Internacionales para garantizar la seguridad nacional y la integridad territorial ante un claro y deliberado propósito de desbordar los mecanismos de control fronterizo al margen de los cauces legales.