Elecciones sangrientas

            Medio siglo nos separa del año 1975, tiempo suficiente como para no dejar a la Historia el análisis póstumo de un hecho que es ya algo más que una mera evidencia. Si analizamos las dieciséis elecciones generales celebradas o convocadas desde 1975, y sumamos el número total de atentados terroristas y accidentes catastróficos que han repercutido a gran escala en el plano político en plena campaña o precampaña electoral, nos encontramos con siete sucesos de gran impacto nacional y, si al ámbito nacional, sumamos el panorama autonómico y municipal, el cómputo de procesos electorales salpicados, condicionados o golpeados por la tragedia sobrepasa ampliamente la decena, lo que demuestra cómo la historia política española ha convivido de forma recurrente con escenarios especialmente críticos en periodos de campaña. Más allá de la acción terrorista o los accidentes catastróficos, los desastres meteorológicos o sanitarios también han sido protagonistas e irrumpido con fuerza modificando el curso normal de no pocas campañas no generales.

            De todos esos acontecimientos, por no citarlos en su totalidad, pero sí en aquellos casos más llamativos, podemos recordar el atentado de 1979 en el que ETA asesinó a seis personas en fechas próximas a los comicios. Semanas antes de las elecciones de 1982, la banda terrorista cometió tres asesinatos y colocó artefactos explosivos en Bilbao. En las elecciones municipales y autonómicas de 1995 tuvo lugar el brutal atentado contra el entonces líder de la oposición, José María Aznar y el asesinato del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez. A escasos días del inicio de la campaña electoral, los atentados del 11-M de 2004 trajeron consigo la subida al poder del régimen de Zapatero.  La muerte del empresario Ignacio Uría asesinado en Azpeitia por su vinculación a las obras del Tren de Alta Velocidad vasco salpicó la normalidad electoral en 2008. En las elecciones municipales y autonómicas de 2011, sorprendidas por el terremoto de Lorca, todos los partidos políticos de ámbito nacional suspendieron los actos de campaña en señal de duelo y, para concluir, las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia de 2020 se vieron suspendidas por la pandemia de COVID.

Ofensivas de ETA, campañas de terror, asesinatos, tragedias meteorológicas, crisis sanitarias y últimamente los accidentes ferroviarios han protagonizado la suspensión de las campañas electorales, el cambio de rumbo político del país o la llegada al poder de fuerzas políticas en un momento concreto descartadas de la victoria electoral.

El hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia en noviembre de 2002 se convirtió en una de las crisis institucionales y medioambientales más graves de la democracia que provocó un giro político y el surgimiento del movimiento Nunca Máis. Una crisis ecológica que movilizó a la izquierda.

El accidente del vuelo 5022 de Spanair en 2008 que causó 154 muertos generó una tregua partidista, congeló la actividad política y reforzó a Zapatero alejándolo de los efectos de la grave crisis económica que el Gobierno negaba.

El descarrilamiento del tren Alvia en 2013 provocó 80 fallecidos. Fue la víspera del Día de Galicia, una jornada de alta carga política y simbólica en la región. Provocó el auge del discurso de Podemos y las mareas gallegas contra el bipartidismo tradicional.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una cadena de atentados mató a 192 personas. Las encuestas previas otorgaban una victoria clara de Rajoy. Sin embargo, la gestión informativa del Gobierno generó una crisis de credibilidad que movilizó el voto de castigo masivo en menos de 48 horas. La participación subió de forma histórica y llevó a la Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero, un candidato al que los sondeos daban por descartado.

Ante la crisis, el electorado no solo juzga la situación de los partidos políticos o del país en general, sino que empatiza con la gestión de una catástrofe que actúa como un catalizador que acelera el desgaste de los gobiernos y beneficia de forma inmediata a quienes sacan rédito electoral de la tragedia.

Europa en guerra

            A estas alturas ya nadie puede dudar del hecho inevitable que asola todo el continente europeo, esto es, una guerra híbrida que violenta las ciudades más importantes causando estragos y que puede escalar en cualquier momento hacia un conflicto armado, que no sólo arrastraría a Europa, sino que tendría un alcance de escala global. Tras la guerra ucraniana se han disparado las políticas de defensa en un escenario de cambio geopolítico global, cuyo telón de fondo no es otro que la guerra económica y la alteración del eje hegemónico que protagonizan Estados Unidos por un lado y China por otro. En este contexto, los presupuestos militares de los países de la órbita concerniente a la OTAN se han incrementado de forma preocupante y sostenida hasta el punto de provocar el impulso por parte de Bruselas de marcos estratégicos para coordinar la adquisición de material bélico y al mismo tiempo fortalecer su propia industria militar.

            La constante vigilancia del flanco oriental y el escudo espacial, colocan a países aparentemente neutrales, como es el caso de España, al borde de una situación límite de fricción con Rusia en las fronteras del este europeo. Ante tal amenaza real, diversos países están llevando a cabo planes nacionales o de desarrollo comunitario para adaptar las infraestructuras como vías férreas o puertos marítimos y vías de comunicación para eventuales necesidades de evacuación de civiles o un posible desplazamiento de tropas. Se están actualizando, en esta línea, los protocolos de atención masiva de potenciales víctimas de guerra, abasteciendo los hospitales con reservas estratégicas de sangre, medicinas y energía. Además, ya hay países, como Reino Unido, cuyas autoridades han emitido a la población diferentes directrices para acumular suministros básicos de emergencia, agua y alimentos para superar las primeras horas de un eventual corte de suministros. El incremento de la fortificación de las fronteras terrestres y la coordinación con el resto de países de la Alianza Atlántica, ha venido acompañada por ruedas de prensa públicas por parte de altos mandos militares en las que se ha hecho hincapié en la necesidad de ser conscientes y estar atentos ante la llegada de un conflicto armado de gran alcance en territorio europeo.

Frente Amplio

 

En España se está conformando una coalición electoral bajo la denominación de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Este espacio agrupa a formaciones situadas a la izquierda del PSOE, como Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y los Comunes, además de sumar acuerdos con Chunta Aragonesista o Nueva Canarias, bajo el liderazgo de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como candidata a la presidencia del Gobierno y cabeza de lista. Las negociaciones y tensiones en la izquierda determinarán si a última hora ingresará en las filas Podemos, en un escenario clave para conformar el peso de la izquierda más radical en el Congreso.

       Hispanoamérica ha constituido el nicho político de creación de frentes amplios para alcanzar gobiernos de izquierda, principalmente en las décadas de 1960 y 1970, frente a dictaduras militares o por la necesidad de unir fuerzas. El pistoletazo de salida lo constituyó la creación del Frente Amplio en Uruguay en 1971, que aglutinó a democristianos, socialistas, comunistas y el resto proveniente de la escisión de los partidos tradicionales. También ha servido como recurso el frenteamplismo cuando la izquierda se ha visto debilitada precisamente por el fracaso de las administraciones en el poder de corte progresista y la necesidad de frenar el avance de las fuerzas conservadoras. El aumento del gasto público a un nivel de puesta en riesgo del propio modelo económico del país, la excesiva presencia en el intervencionismo estatal en el mercado, la presión fiscal y el alto endeudamiento, la aniquilación de los contrapesos institucionales, el debilitamiento de la independencia del poder público y la seguridad jurídica, el terrorismo y la polarización social extrema, han constituido el pan nuestro de cada día de aquellos países del cono sur americano que han visto como la recesión, la escasez de bienes de primera necesidad o la inflación han mermado su calidad de vida. Si bien las experiencias de esta índole han tenido un importante protagonismo en Chile, Bolivia o Brasil, los casos paradigmáticos han sido desde luego Venezuela o Nicaragua, cuyos regímenes seudodemocráticos asentados sobre principios de justicia social o de la protección de los derechos de los más vulnerables, la ampliación de los derechos civiles, el fortalecimiento del Estado del bienestar y la soberanía nacional frente a la injerencia externa, no han hecho sino provocar un cambio de ciclo político en la región a modo de un repunte conservador.

Lucía Baruquer

 

   Frente al micrófono de las Cortes de Aragón, una joven diputada ha protagonizado el que ya es uno de los discursos más escuchados, compartidos en las redes sociales y probablemente más importante de toda la democracia española, debido a la gravedad del momento y de una situación que, de no enmendarse de forma radical el próximo noviembre en las urnas, traerá aún peores consecuencias. Lucía Baruquer, tomó la palabra en el Parlamento aragonés y dio comienzo a su interlocución. El discurso en la tribuna reza como sigue:

   “…2016. Ferraz. Unas urnas detrás de una cortina. Ahí ya empezamos a conocer su modus operandi. Meses después, un Peugeot recorriendo España, dentro Sánchez, Ábalos y Santos Cerdán. Al volante, Koldo, antiguo portero de un club de alterne. Quédense con ese coche que volveremos. 2018. Moción de censura. ¿Y quién sube a la tribuna a dar lecciones de limpieza? Ábalos. Y llegan al poder. Ábalos, ministro y secretario de organización. En sus ratos libres, director de recursos humanos; las elegía por catálogo y las colocaba en empresas públicas. Eso sí, era muy feminista. Cerdán, heredero del cargo y negociador con el prófugo. Ahora dice que va a ser camionero; al menos, las carreteras se las conoce. Y, en Ferraz, Leyre Díaz, la investigada por las cloacas contra jueces, fiscales y guardias civiles. Un portero, una fontanera, un futuro camionero y un chulo. Esto no era un gobierno, era una gestoría de averías. 2019. Dice que con Podemos no dormiría tranquilo. Meses después, lo sienta en el Consejo de Ministros. Luego llegó Bildu, ETA, y siguió durmiendo. 2023. Pierden las elecciones y decide quedarse. ¿El precio? Los siete votos de Puigdemont. Dijo que una amnistía no cabía en la Constitución, y ha amnistiado a quienes intentaron romperla. A este hombre no le quita el sueño nadie, señorías; los que no duermen son los españoles. 2024. Imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente. Si la sentencia era de su agrado, perfecto. Si no les gustaba, lawfare. Señalamiento y presión constante a jueces y periodistas. Listas con nombres y apellidos, pseudomedios, máquinas de fango, saco de mierda, contenedor de basura. Esa es su libertad de prensa, señorías, de la izquierda. Y de las cloacas a los Rochos, un clan del narcotráfico para eliminar -sí, eliminar- a la jueza Biedma. ¡Pero qué barbaridad! Retorno al coche de inicio; de los cuatro que iban dentro, dos están condenados a prisión, uno investigado y the one convoca elecciones porque teme lo que venga después. La herencia que nos dejan es una política completamente fracasada. En cuanto a la vivienda, su gran prioridad, prometió 183.000 viviendas y ha entregado solo un 5 %. Iba a acabar con los desahucios y hay 45 al día. Y la culpa, de la oposición, naturalmente. Ocho años gobernando y la culpa es de quien no gobierna. Este también es su balance. Esto empezó con una urna de cartón dentro de una cortina y va a terminar con unas urnas de verdad, esperemos que a la vista de todos. Así que los españoles podrán decirle a Pedro Sánchez; hasta luego, Lucas”.  

Líneas rojas

De forma incuestionable el sistema bajo el que habitamos es imperfecto y carece de cualquier ausencia de grietas, si bien, y, a fin de cuentas, no disponemos de otra alternativa como marco de convivencia posible. El espectro político abarca, de igual forma indubitable, una amalgama de opciones que recorre la alternativa ideológica del voto. Sin embargo, hay y debe haber líneas rojas que no deben ser sobrepasadas ni alteradas en su arbitrio, por lo que el sistema debe ser salvado a costa de expulsar a un gobierno corrupto que va más allá de cualquier juego democrático legítimo.

Un informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa una presunta campaña llevada a cabo contra la magistrada Beatriz Biedma encargada de dirigir la investigación del caso por corrupción que salpica y apunta directamente al hermano del presidente del Gobierno. De la información vertida, se desprende que fuentes gubernamentales habrían contactado con personas vinculadas a grupos narcotraficantes con el fin de contratar a sicarios para llevar a cabo contra la jueza labores de hostigamiento y seguimiento, no sólo contra ella sino también contra sus hijas menores en edad escolar. Los actos de extrema gravedad revelados por los testimonios recabados por la UCO han ido incluso más allá, al darse a conocer el intento de causar daños físicos a la magistrada con la finalidad de frenar su labor judicial y desestabilizar el proceso a través de una campaña de desinformación, bulos y presiones coordinadas. Las cloacas del Estado, según la investigación formal de la unidad de la Guardia Civil, habrían estado vinculadas al crimen organizado para amedrentar a una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, hecho que fuera del alcance de los grupos terroristas operativos en la larga trayectoria de su actividad en la joven democracia española, constituye el atentado más grave contra el Estado de Derecho diseñado y perpetrado, además, desde dentro de las propias instituciones del Estado.

29N

 

   España es un país entregado por entero al globalismo a lo largo de todo su espectro político con opciones reales de gobernar o de servir de llave para permitir abrir la gobernabilidad del país. Antonio García-Trevijano en su día criticó a los partidos políticos tradicionales y al sistema de partidos o partidocracia, desmantelando las etiquetas convencionales de izquierda y derecha y revelando cómo ambas no se manifiestan sino como herramientas funcionales al servicio del gran capital y del poder financiero internacional. La falsa dicotomía izquierda-derecha se reparte la cuota de poder institucional y el dinero, lo que García-Trevijano llamaba el consenso, constituyendo ambas categorías una mera representación superficial sometida a los mismos dogmas económicos y centros de decisión globales. Si bien la derecha española carece de cualquier principio racionalista, ordenador de una idea de nación o modelo económico propio y, más aún, de una mínima capacidad de organización activista o principio reaccionario que pudiera servir de alternativa, la izquierda institucional, contraria a los intereses de la clase trabajadora, es gestora del orden capitalista bajo el manto de la apariencia de ser el promotor de la defensa de las causas sociales. Los partidos políticos se posicionan, según esta línea de pensamiento, al margen de cualquier representatividad ciudadana, al estar financiados por la oligarquía económica, financiera y mediática. El rol de la izquierda no es otro que servir de brazo ejecutor de las políticas globalistas que dictan el FMI o la Unión Europea en detrimento de los intereses nacionales. La base electoral de la izquierda, amparada bajo el lema anticapitalista, obedece a ciegas la disciplina ideológica del partido que canaliza el descontento social por la vía parlamentaria e institucional, neutralizando cualquier resistencia real antisistema a ese capitalismo que pregona combatir. Así las cosas, la realidad se impone y no sólo la izquierda entregada a los dictados de la banca y los mercados globales desarrolla las reformas económicas en interés de la globalización en ciernes, sino la derecha más conservadora que se inhibe frente a una izquierda que, además, enarbola la bandera de la superioridad moral, el compromiso con la justicia social, el igualitarismo y presume de soberbia intelectual. El neolenguaje tecnocrático del radicalismo de izquierda, orientado a las grandes conquistas sociales o los derechos civiles, adoctrina y neutraliza al electorado y amortigua la posibilidad de llevar a cabo auténticas revueltas populares, sometiendo al pueblo entero a una pérdida de soberanía nacional y permitiendo la apertura del mercado a la especulación del capitalismo financiero global. Todo ello no persigue sino alcanzar y promover una auténtica gobernanza global por parte de la élite y la asimilación de las barreras nacionales bajo una estructura ideológica, política y económica integradora de diferentes países y áreas regionales. La excusa artificial para materializar un proyecto de tal envergadura no es otra que la necesidad de plantear grandes problemáticas de alcance global, como el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas o los conflictos bélicos, para mostrar como única salida posible a cualquier resolución de los problemas globales las soluciones dictadas por instancias supranacionales sometidas a su vez al dictado de esa élite mundial. El advenimiento de la aldea global, por tanto, exige el intercambio cultural, la promoción de las migraciones, la hegemonía del control de las tecnologías de la información, el desarrollo de una conciencia cosmopolita y la eliminación de los partidos con principios de defensa nacional para debilitar la soberanía de los Estados nacionales. Por esa razón, el eje derecha-izquierda española no es sino más de lo mismo, globalización.

 

El decreto Maricarmen

            El año pasado, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se practicaron un total de 25.540 desahucios en España. Que se haya abierto un debate que ha eclipsado circunstancialmente la extrema situación de gravedad que se está viviendo en Ceuta, no es ni una cortina de humo ni un hecho aislado protagonizado por una sola persona de nombre Maricarmen. El trasfondo del impacto del conocido como Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda no se ha improvisado. La agenda de fondo no es otra que el desarrollo de un paso más para abolir la propiedad privada, esto es, la tenencia en propiedad de una vivienda. De largo ha sido un problema arraigado en América Latina, donde el mercado inmobiliario se ha visto en los últimos años intervenido por la acción estatal, en aras de un fuerte intervencionismo en forma de limitaciones al libre mercado y a los derechos de los propietarios. El ejemplo paradigmático no ha sido otro que Venezuela, a través de leyes que se han promulgado para regular y controlar los arrendamientos de viviendas, ejercer un férreo control sobre los alquileres y endurecer los procesos de desalojo o llevar a cabo procesos de expropiación de viviendas bajo el pretexto del interés social. Otro ejemplo ha sido Argentina, por medio de la Ley de Alquileres, que ha provocado la retirada de innumerables inmuebles del mercado de alquiler contrayendo la oferta disponible. A pesar de la intención aparente del Gobierno español de pretender combatir la acción de los fondos buitre, lo cierto es que las medidas como la prórroga de los contratos, las limitaciones estrictas en las actualizaciones de los alquileres y la obligación de indemnizar en ciertos supuestos de no renovación generan inseguridad jurídica que expulsa del mercado a los pequeños propietarios que terminan por vender sus inmuebles, por lo que la absorción masiva de tales viviendas al final del día recae en los mismos fondos que son los que tienen el margen de maniobra necesario para comprar activos inmobiliarios, provocando una reducción de la oferta y un aumento final de los precios que incide sobre el circuito de alquiler tradicional y la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente por parte de la clase trabajadora a quien el socialismo en el poder argumenta defender.

            Por si fuera poco, los fondos de inversión que han acumulado inmuebles, muchos de ellos procedentes de ejecuciones hipotecarias, están sujetos a provisiones y depreciaciones si los activos no generan liquidez. La normativa, como la que acaba de ser aprobada, sirve de base para que los fondos reestructuren el valor contable de sus activos en los balances, recalifiquen carteras de deuda, efectúen ajustes fiscales, actualicen su contabilidad ante los inversores internacionales y procedan a sanear carteras, revender paquetes y titularizar deudas.