Stalin

La Revolución de 1917 llevó a los bolcheviques al poder, liderados por Lenin y Trotski. Los sóviets junto a las fuerzas revolucionarias del ejército creado por Trotski, constituyeron la génesis del proceso revolucionario, en el que habría que incluir otros nombres como Bujarin, Tomski, Christian Rakovski, Karl Rádek o Alekséi Rýkov. Bujarin lideró la insurrección de Moscú encabezando el Comité Militar Revolucionario, al tiempo que Lenin y Trotski se encargaron del asalto a Petrogrado. Rýkov tuvo un papel predominante en la organización económica y sindical revolucionaria, mientras que Rakovski y Rádek desempeñaron un rol diplomático en la arena de la Internacional Comunista o Komintern. Por su parte, Tomski lideró el movimiento sindical bolchevique y la movilización de los obreros industriales. La oposición de Bujarin a la paz con Alemania lo enfrentó a Lenin por el consentimiento de este a firmar el Tratado de Brest-Litovsk. Trotski defendía la idea de la revolución permanente y una revolución internacional marxista, posición que también lo confrontaría con Lenin, pero a pesar de todas estas tendencias internas, la revolución giraba en torno a un núcleo duro.

En todo este contexto, un exiliado en Siberia por el régimen zarista regresó a Petrogrado tras la renuncia del zar para hacerse cargo de la dirección del partido hasta la vuelta de Lenin desde Suiza. Este hombre de segunda línea que no era un teórico marxista y estaba alejado de las quinielas del poder, protagonizó un ascenso burocrático que lo llevaría a acumular cargos y hacerse con las riendas internas del Politburó, máximo órgano de decisión política, del Orgburó, encargado de distribuir los puestos a miembros del partido por todo el país y del Rabkrin o Comisariado de Inspección Obrera y Campesina. Ese hombre gris, de nombre Stalin, pasó a auditar y vigilar toda la administración del Estado. Pero lo que realmente le permitió tener el control absoluto del aparato administrativo del partido fue su nombramiento como Secretario General del Comité Central. Quienes respaldaron su nueva posición, como el propio Lenin, Zinóviev o Kámenev, consideraron que su función sería meramente funcionarial y burocrática.

Asegurados los resortes del Estado, Stalin primero derrotó a toda oposición posicionada a su izquierda, para después terminar con la situada a su derecha. Cuando los líderes históricos de la revolución quisieron o pudieron darse cuenta de la realidad, ya era demasiado tarde. Stalin inició entonces la gran purga interna y el establecimiento de la era del terror entre 1936 y 1938, unos años en los que fueron arrestados y ejecutados los viejos bolcheviques como Zinóviev, Kámenev, Bujarin o Rýkov. No se detuvo ahí, Stalin purgó también la cúpula militar, la policía política y la sociedad civil. Tan solo tras la apertura de los archivos secretos soviéticos en los años noventa del pasado siglo, los historiadores fueron conscientes de la verdadera magnitud de la tragedia.

La izquierda de hoy ha aprendido perfectamente la lección del pasado, comprendiendo que lo que permitió transitar la era zarista al nuevo orden impuesto por la URSS no fue solo el asalto al Palacio de Invierno, sino la toma de control de todos los resortes burocráticos del Estado. No es menos cierto que, sin la conquista del poder por las armas tras una guerra civil, no se habría consumado tal hecho de facto, pero la lección que las fuerzas revolucionarias extrajeron desde entonces es que el acceso a la cima es una condición necesaria, pero no suficiente. Para ello, y ante la imposibilidad o dificultad hoy en día de alcanzar el poder por la vía de las armas o de un golpe de Estado, han seguido la segunda lección que otorga el pasado histórico más reciente, el ascenso de Hitler al poder, primero por la vía de las urnas, para después transformar el régimen liberal democrático en otro de corte dictatorial.

CCOO y UGT

Ambos sindicatos son organizaciones mayoritarias en España, con una vinculación histórica con el PSOE, fuertemente vinculadas en sus inicios a militantes de sectores de izquierda alternativa, que derivó con el tiempo en el punto de inflexión que sostuvo la autonomía sindical, ya bajo el Régimen del 78. El PSOE recurre de forma regular a la interlocución de CCOO y UGT para tramitar e implementar diferentes leyes programáticas del Gobierno, al mismo tiempo que reparte la mayor parte de las subvenciones estatales que riegan la representación sindical según el marco legal establecido por el propio interés gubernamental. La convocatoria de protestas, movilizaciones o huelgas sectoriales son sólo parte del guion. Bajo el mismo prisma ideológico, los sindicatos apoyan la implantación de medidas sociales al tiempo que teatralizan la presión contra el Ejecutivo socialista.

En todo este contexto como telón de fondo, los come gambas de CCOO y UGT cuentan ya con un dilatado y extenso, cuando no, largo historial delictivo a sus espaldas con condenas penales en la Audiencia de Sevilla o la Audiencia Provincial de Asturias, por citar sólo algunos ejemplos, por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil o desvío de ayudas públicas, entre otras causas, para celebrar cursos de formación o nutrir los fondos económicos de fundaciones, mediante el uso de facturas falsas. En la macrocausa de los ERE de Andalucía, sólo la fianza civil que impuso el juez instructor a CCOO y UGT ascendió a veintinueve millos de euros en concepto de responsabilidad civil derivada del desvío de las ayudas investigadas. En el caso de las tarjetas de crédito de Caja Madrid y después Bankia los gastos que derivaron en condenas de cárcel tuvieron un uso no meramente particular destinado a financiar las actividades lucrativas de los sindicatos, sino de índole y corte estrictamente personal de sus consejeros.

La actividad no se ciñe a lo enumerado, ni termina aquí, sino que, además, su corrupta necrosis se extiende como los tentáculos de los octópodos hacia la colonización general de la administración pública y sus procesos selectivos, a través del control de las bolsas de empleo, antes de que las plazas salgan a oposición. En materia de sustituciones y puestos de interinidad han desarrollado y consolidado una ingeniería que otorga una ventaja insalvable en cualquier oposición oficial a sus candidatos. Las fundaciones, empresas, entidades y organismos, todos ellos de carácter público, constituyen los entramados presenciales en los que intervienen de manera directa en la injerencia de los tribunales de selección, venta de temarios o cursos exclusivos que son los únicos que suman puntos y establecen baremos a medida.

       La creación de agencias, empresas públicas y fundaciones sujetas a una contratación laboral flexible y los baremos ad hoc, que premian la antigüedad interina o los cursos obligatorios, hacen inútil incluso sacar un sobresaliente en una prueba de oposición al Estado español. A todo ello, hay que sumar el escándalo de las filtraciones en los exámenes de oposición, como el ocurrido en RTVE, la red de favoritismos en Ayuntamientos y Diputaciones o la trampa del modelo de estabilización de interinos mediante el negocio cautivo de méritos a través del cual se coloca y reparte a familiares y adeptos con carnet ideológico en los diferentes puestos de responsabilidad, o no, de la administración pública.

Europa en llamas

 

            Las principales ciudades europeas se encuentran bajo los efectos de violentas e incendiarias manifestaciones, cuyos reclamos juveniles caen del lado de la simplificación del análisis mediático que identifica los factores estructurales y socioeconómicos como las principales causas de reivindicación política de los protagonistas. La crisis de la vivienda, la mejora de las condiciones generales de vida y la calidad de la educación son sólo ejemplos de lo dicho, aunque el telón de fondo no se corresponda con la realidad de los lemas bajo los cuales se incendian edificios públicos o se destroza con adoquines o bajo el fuego el mobiliario urbano. Es un hecho cierto e indiscutible que la inflación ha provocado, junto a la escalada de los precios de los productos básicos, el encarecimiento de las condiciones generales de vida, tanto en lo que a alimentos se refiere como del precio del combustible o de los suministros energéticos, pero no es menos cierto que la trama estudiantil no da respuesta a un movimiento perfectamente sincronizado, organizado y financiado por alguien a quien pueda interesar el incendio de las calles europeas. Los servicios públicos como la sanidad o el transporte agonizan ante infraestructuras obsoletas y deficientes, la falta de personal y la corrupción o la mala gestión generalizada. Debido a la aparición de nuevas generaciones y la brecha que las separa de la realidad política, han surgido colectivos como Gen Z Regelt que se opone a reintroducir el servicio militar obligatorio, similar a otros surgidos en otros países que critican el alza de los presupuestos estatales orientados al incremento del gasto en defensa, la generación Z opuesta rotundamente a Emmanuel Macron por gobernar de espaldas a las necesidades del futuro de la juventud o el fenómeno Blocus que llama al desorden público utilizando la infraestructura digital del sistema a coste cero. ¿A quién beneficia toda esta situación que asfixia aún más a la ya de por sí deteriorada realidad del ciudadano medio europeo? Lo cierto es que la imagen de los violentos disturbios, las barricadas incendiadas, la llamada al pillaje indiscriminado, la desestabilización, la inseguridad, la fragmentación social, el descontento juvenil y la crisis económica global hacen que se cree un clima de tensión que ahuyenta el turismo, la inversión directa y fractura el escenario político o aumenta la polarización social. Investigaciones periodísticas señalan a diferentes organizaciones que podrían estar detrás del apoyo económico a los colectivos civiles involucrados en la generación del caos generalizado que ha invadido las ciudades.

            Joseph Schumpeter inspiró el concepto de destrucción creativa, según el cual las crisis limpian el mercado de actores económicos poco influyentes para fortalecer a los poderosos. Para él, el capitalismo necesita destruir el orden económico establecido para resetearlo e iniciar un nuevo modelo. Sería, siguiendo esta tesis, el propio sistema el que se beneficiaría de su propia destrucción, bajo la doctrina del shock y la reestructuración económica. Naomi Klein elaboró la teoría de La doctrina del choque, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism en el año 2007. Para la periodista canadiense ante una situación de descontrol y violencia, la sociedad se desorienta y trata de sobrevivir. Esa situación de parálisis es instrumentalizada por el poder para desmantelar el estado de bienestar y privatizar los servicios públicos, criminalizar la disidencia y aumentar el aparato represivo y de control social.

            A través de la canalización del descontento, se produce además un beneficio de corte electoral y una fragmentación de la base social. Diego Fusaro, sostiene que las democracias modernas carecen de una alternativa real, al no existir una diferencia entre izquierda o derecha, fenómeno que provoca que la política pendule entre partidos políticos que aplican el mismo programa sobre la praxis de la acción de gobierno, una vez alcanzado el poder. Para Fusaro, los líderes y los medios crean un discurso contrario al establishment para conducir el descontento y anestesiar la posible reacción de la masa social descontenta, al mismo tiempo que vacían de contenido los debates para focalizar la atención en errores de gestión de las políticas públicas, los casos de corrupción o las disputas entre políticos de tendencias aparentemente opuestas. Sin embargo, la violencia en las calles no genera un cambio real, ya que actúan como una válvula de escape y un elemento de disidencia controlada al servicio de las élites.

Elecciones sangrientas

            Medio siglo nos separa del año 1975, tiempo suficiente como para no dejar a la Historia el análisis póstumo de un hecho que es ya algo más que una mera evidencia. Si analizamos las dieciséis elecciones generales celebradas o convocadas desde 1975, y sumamos el número total de atentados terroristas y accidentes catastróficos que han repercutido a gran escala en el plano político en plena campaña o precampaña electoral, nos encontramos con siete sucesos de gran impacto nacional y, si al ámbito nacional, sumamos el panorama autonómico y municipal, el cómputo de procesos electorales salpicados, condicionados o golpeados por la tragedia sobrepasa ampliamente la decena, lo que demuestra cómo la historia política española ha convivido de forma recurrente con escenarios especialmente críticos en periodos de campaña. Más allá de la acción terrorista o los accidentes catastróficos, los desastres meteorológicos o sanitarios también han sido protagonistas e irrumpido con fuerza modificando el curso normal de no pocas campañas no generales.

            De todos esos acontecimientos, por no citarlos en su totalidad, pero sí en aquellos casos más llamativos, podemos recordar el atentado de 1979 en el que ETA asesinó a seis personas en fechas próximas a los comicios. Semanas antes de las elecciones de 1982, la banda terrorista cometió tres asesinatos y colocó artefactos explosivos en Bilbao. En las elecciones municipales y autonómicas de 1995 tuvo lugar el brutal atentado contra el entonces líder de la oposición, José María Aznar y el asesinato del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez. A escasos días del inicio de la campaña electoral, los atentados del 11-M de 2004 trajeron consigo la subida al poder del régimen de Zapatero.  La muerte del empresario Ignacio Uría asesinado en Azpeitia por su vinculación a las obras del Tren de Alta Velocidad vasco salpicó la normalidad electoral en 2008. En las elecciones municipales y autonómicas de 2011, sorprendidas por el terremoto de Lorca, todos los partidos políticos de ámbito nacional suspendieron los actos de campaña en señal de duelo y, para concluir, las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia de 2020 se vieron suspendidas por la pandemia de COVID.

Ofensivas de ETA, campañas de terror, asesinatos, tragedias meteorológicas, crisis sanitarias y últimamente los accidentes ferroviarios han protagonizado la suspensión de las campañas electorales, el cambio de rumbo político del país o la llegada al poder de fuerzas políticas en un momento concreto descartadas de la victoria electoral.

El hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia en noviembre de 2002 se convirtió en una de las crisis institucionales y medioambientales más graves de la democracia que provocó un giro político y el surgimiento del movimiento Nunca Máis. Una crisis ecológica que movilizó a la izquierda.

El accidente del vuelo 5022 de Spanair en 2008 que causó 154 muertos generó una tregua partidista, congeló la actividad política y reforzó a Zapatero alejándolo de los efectos de la grave crisis económica que el Gobierno negaba.

El descarrilamiento del tren Alvia en 2013 provocó 80 fallecidos. Fue la víspera del Día de Galicia, una jornada de alta carga política y simbólica en la región. Provocó el auge del discurso de Podemos y las mareas gallegas contra el bipartidismo tradicional.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una cadena de atentados mató a 192 personas. Las encuestas previas otorgaban una victoria clara de Rajoy. Sin embargo, la gestión informativa del Gobierno generó una crisis de credibilidad que movilizó el voto de castigo masivo en menos de 48 horas. La participación subió de forma histórica y llevó a la Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero, un candidato al que los sondeos daban por descartado.

Ante la crisis, el electorado no solo juzga la situación de los partidos políticos o del país en general, sino que empatiza con la gestión de una catástrofe que actúa como un catalizador que acelera el desgaste de los gobiernos y beneficia de forma inmediata a quienes sacan rédito electoral de la tragedia.

Europa en guerra

            A estas alturas ya nadie puede dudar del hecho inevitable que asola todo el continente europeo, esto es, una guerra híbrida que violenta las ciudades más importantes causando estragos y que puede escalar en cualquier momento hacia un conflicto armado, que no sólo arrastraría a Europa, sino que tendría un alcance de escala global. Tras la guerra ucraniana se han disparado las políticas de defensa en un escenario de cambio geopolítico global, cuyo telón de fondo no es otro que la guerra económica y la alteración del eje hegemónico que protagonizan Estados Unidos por un lado y China por otro. En este contexto, los presupuestos militares de los países de la órbita concerniente a la OTAN se han incrementado de forma preocupante y sostenida hasta el punto de provocar el impulso por parte de Bruselas de marcos estratégicos para coordinar la adquisición de material bélico y al mismo tiempo fortalecer su propia industria militar.

            La constante vigilancia del flanco oriental y el escudo espacial, colocan a países aparentemente neutrales, como es el caso de España, al borde de una situación límite de fricción con Rusia en las fronteras del este europeo. Ante tal amenaza real, diversos países están llevando a cabo planes nacionales o de desarrollo comunitario para adaptar las infraestructuras como vías férreas o puertos marítimos y vías de comunicación para eventuales necesidades de evacuación de civiles o un posible desplazamiento de tropas. Se están actualizando, en esta línea, los protocolos de atención masiva de potenciales víctimas de guerra, abasteciendo los hospitales con reservas estratégicas de sangre, medicinas y energía. Además, ya hay países, como Reino Unido, cuyas autoridades han emitido a la población diferentes directrices para acumular suministros básicos de emergencia, agua y alimentos para superar las primeras horas de un eventual corte de suministros. El incremento de la fortificación de las fronteras terrestres y la coordinación con el resto de países de la Alianza Atlántica, ha venido acompañada por ruedas de prensa públicas por parte de altos mandos militares en las que se ha hecho hincapié en la necesidad de ser conscientes y estar atentos ante la llegada de un conflicto armado de gran alcance en territorio europeo.

Frente Amplio

 

En España se está conformando una coalición electoral bajo la denominación de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Este espacio agrupa a formaciones situadas a la izquierda del PSOE, como Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y los Comunes, además de sumar acuerdos con Chunta Aragonesista o Nueva Canarias, bajo el liderazgo de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como candidata a la presidencia del Gobierno y cabeza de lista. Las negociaciones y tensiones en la izquierda determinarán si a última hora ingresará en las filas Podemos, en un escenario clave para conformar el peso de la izquierda más radical en el Congreso.

       Hispanoamérica ha constituido el nicho político de creación de frentes amplios para alcanzar gobiernos de izquierda, principalmente en las décadas de 1960 y 1970, frente a dictaduras militares o por la necesidad de unir fuerzas. El pistoletazo de salida lo constituyó la creación del Frente Amplio en Uruguay en 1971, que aglutinó a democristianos, socialistas, comunistas y el resto proveniente de la escisión de los partidos tradicionales. También ha servido como recurso el frenteamplismo cuando la izquierda se ha visto debilitada precisamente por el fracaso de las administraciones en el poder de corte progresista y la necesidad de frenar el avance de las fuerzas conservadoras. El aumento del gasto público a un nivel de puesta en riesgo del propio modelo económico del país, la excesiva presencia en el intervencionismo estatal en el mercado, la presión fiscal y el alto endeudamiento, la aniquilación de los contrapesos institucionales, el debilitamiento de la independencia del poder público y la seguridad jurídica, el terrorismo y la polarización social extrema, han constituido el pan nuestro de cada día de aquellos países del cono sur americano que han visto como la recesión, la escasez de bienes de primera necesidad o la inflación han mermado su calidad de vida. Si bien las experiencias de esta índole han tenido un importante protagonismo en Chile, Bolivia o Brasil, los casos paradigmáticos han sido desde luego Venezuela o Nicaragua, cuyos regímenes seudodemocráticos asentados sobre principios de justicia social o de la protección de los derechos de los más vulnerables, la ampliación de los derechos civiles, el fortalecimiento del Estado del bienestar y la soberanía nacional frente a la injerencia externa, no han hecho sino provocar un cambio de ciclo político en la región a modo de un repunte conservador.

Lucía Baruquer

 

   Frente al micrófono de las Cortes de Aragón, una joven diputada ha protagonizado el que ya es uno de los discursos más escuchados, compartidos en las redes sociales y probablemente más importante de toda la democracia española, debido a la gravedad del momento y de una situación que, de no enmendarse de forma radical el próximo noviembre en las urnas, traerá aún peores consecuencias. Lucía Baruquer, tomó la palabra en el Parlamento aragonés y dio comienzo a su interlocución. El discurso en la tribuna reza como sigue:

   “…2016. Ferraz. Unas urnas detrás de una cortina. Ahí ya empezamos a conocer su modus operandi. Meses después, un Peugeot recorriendo España, dentro Sánchez, Ábalos y Santos Cerdán. Al volante, Koldo, antiguo portero de un club de alterne. Quédense con ese coche que volveremos. 2018. Moción de censura. ¿Y quién sube a la tribuna a dar lecciones de limpieza? Ábalos. Y llegan al poder. Ábalos, ministro y secretario de organización. En sus ratos libres, director de recursos humanos; las elegía por catálogo y las colocaba en empresas públicas. Eso sí, era muy feminista. Cerdán, heredero del cargo y negociador con el prófugo. Ahora dice que va a ser camionero; al menos, las carreteras se las conoce. Y, en Ferraz, Leyre Díaz, la investigada por las cloacas contra jueces, fiscales y guardias civiles. Un portero, una fontanera, un futuro camionero y un chulo. Esto no era un gobierno, era una gestoría de averías. 2019. Dice que con Podemos no dormiría tranquilo. Meses después, lo sienta en el Consejo de Ministros. Luego llegó Bildu, ETA, y siguió durmiendo. 2023. Pierden las elecciones y decide quedarse. ¿El precio? Los siete votos de Puigdemont. Dijo que una amnistía no cabía en la Constitución, y ha amnistiado a quienes intentaron romperla. A este hombre no le quita el sueño nadie, señorías; los que no duermen son los españoles. 2024. Imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente. Si la sentencia era de su agrado, perfecto. Si no les gustaba, lawfare. Señalamiento y presión constante a jueces y periodistas. Listas con nombres y apellidos, pseudomedios, máquinas de fango, saco de mierda, contenedor de basura. Esa es su libertad de prensa, señorías, de la izquierda. Y de las cloacas a los Rochos, un clan del narcotráfico para eliminar -sí, eliminar- a la jueza Biedma. ¡Pero qué barbaridad! Retorno al coche de inicio; de los cuatro que iban dentro, dos están condenados a prisión, uno investigado y the one convoca elecciones porque teme lo que venga después. La herencia que nos dejan es una política completamente fracasada. En cuanto a la vivienda, su gran prioridad, prometió 183.000 viviendas y ha entregado solo un 5 %. Iba a acabar con los desahucios y hay 45 al día. Y la culpa, de la oposición, naturalmente. Ocho años gobernando y la culpa es de quien no gobierna. Este también es su balance. Esto empezó con una urna de cartón dentro de una cortina y va a terminar con unas urnas de verdad, esperemos que a la vista de todos. Así que los españoles podrán decirle a Pedro Sánchez; hasta luego, Lucas”.