Líneas rojas

De forma incuestionable el sistema bajo el que habitamos es imperfecto y carece de cualquier ausencia de grietas, si bien, y, a fin de cuentas, no disponemos de otra alternativa como marco de convivencia posible. El espectro político abarca, de igual forma indubitable, una amalgama de opciones que recorre la alternativa ideológica del voto. Sin embargo, hay y debe haber líneas rojas que no deben ser sobrepasadas ni alteradas en su arbitrio, por lo que el sistema debe ser salvado a costa de expulsar a un gobierno corrupto que va más allá de cualquier juego democrático legítimo.

Un informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa una presunta campaña llevada a cabo contra la magistrada Beatriz Biedma encargada de dirigir la investigación del caso por corrupción que salpica y apunta directamente al hermano del presidente del Gobierno. De la información vertida, se desprende que fuentes gubernamentales habrían contactado con personas vinculadas a grupos narcotraficantes con el fin de contratar a sicarios para llevar a cabo contra la jueza labores de hostigamiento y seguimiento, no sólo contra ella sino también contra sus hijas menores en edad escolar. Los actos de extrema gravedad revelados por los testimonios recabados por la UCO han ido incluso más allá, al darse a conocer el intento de causar daños físicos a la magistrada con la finalidad de frenar su labor judicial y desestabilizar el proceso a través de una campaña de desinformación, bulos y presiones coordinadas. Las cloacas del Estado, según la investigación formal de la unidad de la Guardia Civil, habrían estado vinculadas al crimen organizado para amedrentar a una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, hecho que fuera del alcance de los grupos terroristas operativos en la larga trayectoria de su actividad en la joven democracia española, constituye el atentado más grave contra el Estado de Derecho diseñado y perpetrado, además, desde dentro de las propias instituciones del Estado.

29N

 

   España es un país entregado por entero al globalismo a lo largo de todo su espectro político con opciones reales de gobernar o de servir de llave para permitir abrir la gobernabilidad del país. Antonio García-Trevijano en su día criticó a los partidos políticos tradicionales y al sistema de partidos o partidocracia, desmantelando las etiquetas convencionales de izquierda y derecha y revelando cómo ambas no se manifiestan sino como herramientas funcionales al servicio del gran capital y del poder financiero internacional. La falsa dicotomía izquierda-derecha se reparte la cuota de poder institucional y el dinero, lo que García-Trevijano llamaba el consenso, constituyendo ambas categorías una mera representación superficial sometida a los mismos dogmas económicos y centros de decisión globales. Si bien la derecha española carece de cualquier principio racionalista, ordenador de una idea de nación o modelo económico propio y, más aún, de una mínima capacidad de organización activista o principio reaccionario que pudiera servir de alternativa, la izquierda institucional, contraria a los intereses de la clase trabajadora, es gestora del orden capitalista bajo el manto de la apariencia de ser el promotor de la defensa de las causas sociales. Los partidos políticos se posicionan, según esta línea de pensamiento, al margen de cualquier representatividad ciudadana, al estar financiados por la oligarquía económica, financiera y mediática. El rol de la izquierda no es otro que servir de brazo ejecutor de las políticas globalistas que dictan el FMI o la Unión Europea en detrimento de los intereses nacionales. La base electoral de la izquierda, amparada bajo el lema anticapitalista, obedece a ciegas la disciplina ideológica del partido que canaliza el descontento social por la vía parlamentaria e institucional, neutralizando cualquier resistencia real antisistema a ese capitalismo que pregona combatir. Así las cosas, la realidad se impone y no sólo la izquierda entregada a los dictados de la banca y los mercados globales desarrolla las reformas económicas en interés de la globalización en ciernes, sino la derecha más conservadora que se inhibe frente a una izquierda que, además, enarbola la bandera de la superioridad moral, el compromiso con la justicia social, el igualitarismo y presume de soberbia intelectual. El neolenguaje tecnocrático del radicalismo de izquierda, orientado a las grandes conquistas sociales o los derechos civiles, adoctrina y neutraliza al electorado y amortigua la posibilidad de llevar a cabo auténticas revueltas populares, sometiendo al pueblo entero a una pérdida de soberanía nacional y permitiendo la apertura del mercado a la especulación del capitalismo financiero global. Todo ello no persigue sino alcanzar y promover una auténtica gobernanza global por parte de la élite y la asimilación de las barreras nacionales bajo una estructura ideológica, política y económica integradora de diferentes países y áreas regionales. La excusa artificial para materializar un proyecto de tal envergadura no es otra que la necesidad de plantear grandes problemáticas de alcance global, como el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas o los conflictos bélicos, para mostrar como única salida posible a cualquier resolución de los problemas globales las soluciones dictadas por instancias supranacionales sometidas a su vez al dictado de esa élite mundial. El advenimiento de la aldea global, por tanto, exige el intercambio cultural, la promoción de las migraciones, la hegemonía del control de las tecnologías de la información, el desarrollo de una conciencia cosmopolita y la eliminación de los partidos con principios de defensa nacional para debilitar la soberanía de los Estados nacionales. Por esa razón, el eje derecha-izquierda española no es sino más de lo mismo, globalización.

 

El decreto Maricarmen

            El año pasado, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se practicaron un total de 25.540 desahucios en España. Que se haya abierto un debate que ha eclipsado circunstancialmente la extrema situación de gravedad que se está viviendo en Ceuta, no es ni una cortina de humo ni un hecho aislado protagonizado por una sola persona de nombre Maricarmen. El trasfondo del impacto del conocido como Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda no se ha improvisado. La agenda de fondo no es otra que el desarrollo de un paso más para abolir la propiedad privada, esto es, la tenencia en propiedad de una vivienda. De largo ha sido un problema arraigado en América Latina, donde el mercado inmobiliario se ha visto en los últimos años intervenido por la acción estatal, en aras de un fuerte intervencionismo en forma de limitaciones al libre mercado y a los derechos de los propietarios. El ejemplo paradigmático no ha sido otro que Venezuela, a través de leyes que se han promulgado para regular y controlar los arrendamientos de viviendas, ejercer un férreo control sobre los alquileres y endurecer los procesos de desalojo o llevar a cabo procesos de expropiación de viviendas bajo el pretexto del interés social. Otro ejemplo ha sido Argentina, por medio de la Ley de Alquileres, que ha provocado la retirada de innumerables inmuebles del mercado de alquiler contrayendo la oferta disponible. A pesar de la intención aparente del Gobierno español de pretender combatir la acción de los fondos buitre, lo cierto es que las medidas como la prórroga de los contratos, las limitaciones estrictas en las actualizaciones de los alquileres y la obligación de indemnizar en ciertos supuestos de no renovación generan inseguridad jurídica que expulsa del mercado a los pequeños propietarios que terminan por vender sus inmuebles, por lo que la absorción masiva de tales viviendas al final del día recae en los mismos fondos que son los que tienen el margen de maniobra necesario para comprar activos inmobiliarios, provocando una reducción de la oferta y un aumento final de los precios que incide sobre el circuito de alquiler tradicional y la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente por parte de la clase trabajadora a quien el socialismo en el poder argumenta defender.

            Por si fuera poco, los fondos de inversión que han acumulado inmuebles, muchos de ellos procedentes de ejecuciones hipotecarias, están sujetos a provisiones y depreciaciones si los activos no generan liquidez. La normativa, como la que acaba de ser aprobada, sirve de base para que los fondos reestructuren el valor contable de sus activos en los balances, recalifiquen carteras de deuda, efectúen ajustes fiscales, actualicen su contabilidad ante los inversores internacionales y procedan a sanear carteras, revender paquetes y titularizar deudas.

República Bolivariana de España

 

   “El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apuesta por una gran reforma para hacer la Constitución Española más feminista”. RTVE.es

 

   El modelo que se está implantando por el régimen actual en España, está sobradamente demostrado en cuanto a su eficacia en el pasado más reciente de Hispanoamérica. Se trata de un fenómeno político nada nuevo y de notoria relevancia en la ciencia política, denominado golpe de Estado blando o desde dentro del propio Estado. A diferencia de la toma del poder por la acción de la presencia de los tanques en las calles, este proceso se caracteriza por utilizar la propia democracia liberal para transformarla de forma gradual en un régimen dictatorial de corte socialista, el comunismo del siglo XXI. Todo comienza con el acceso al poder a través de elecciones legalmente reconocidas y celebradas en el marco constitucional vigente. La crisis de los partidos tradicionales, el descontento electoral frente a la corrupción, la alta tasa de pobreza y marginalidad social llevan a un líder carismático al poder bajo el paraguas del populismo y la promesa de traer un nuevo pacto social desde el que refundar la nación. Una vez alcanzado el poder, lo primero que se prioriza es la redacción de una nueva Constitución, bajo las reglas del juego del sistema.

   Pablo Iglesias, planteó abrir un proceso de reforma constitucional dirigido hacia una nueva Transición, abogando por cambiar la Carta Magna para blindar derechos sociales, proteger a las familias y avanzar hacia una sociedad más feminista, modernizando las instituciones, cambiando el modelo territorial y caminar hacia una república, instaurando mecanismos de consulta como referéndums vinculantes para potenciar la participación de la voz de la ciudadanía. Bajo todo este marasmo de buenismo y mejores intenciones no se esconde sino la experiencia del libreto utilizado bajo el régimen chavista, en virtud del cual a través de una Asamblea Nacional Constituyente se procede a modificar la constitución, aprobar leyes que amplían el poder presidencial, y debilitar los mecanismos de control horizontal de los poderes públicos mediante la colonización de las instituciones y las purgas internas, cuando no los asesinatos, de los miembros clave de la fiscalía, el ejército o los altos funcionarios del Estado. El Ejecutivo, de este modo, se perpetúa en el poder, ejerciendo un control permanente sobre los órganos que debieran fiscalizarlo y sobre los órganos electorales encargados de evitar la arbitrariedad en los procesos de votación.

   “La Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP) es una iniciativa social y sin ánimo de lucro fundada en el año 2021 por un grupo de jóvenes funcionarios públicos en España. Su propósito principal es derribar las barreras económicas, territoriales y sociales que dificultan el acceso a la función pública, permitiendo que personas sin recursos puedan preparar oposiciones de forma completamente gratuita”. RTVE.es

   Una vez estabilizada la transformación del Estado, las instituciones dejan de ser neutrales y de servir los intereses del bien común o el interés general de todos los ciudadanos, y se convierten en la línea gubernamental bajo el prisma de los objetivos ideológicos y políticos del partido en el poder. El final del ciclo, se cierra con la asfixia de la oposición y la sociedad civil mediante la eliminación de los espacios de pluralidad política o libertad de expresión y protesta social, a través del control de los medios de comunicación o de la actuación del aparato represor policial. Bajo este nuevo clima creado, y gracias al espejismo de la celebración de elecciones, se imposibilita toda esperanza de alternancia en el poder, fruto del ventajismo oficialista o la muerte mediática y civil de los candidatos opositores. El resultado no es otro que la utilización de la legalidad democrática para vaciar su contenido y asegurar la permanencia indefinida del poder.

El Manifiesto Nacional Bolchevique

 

“También los primeros cristianos sabían muy bien que el mundo estaba gobernado por demonios, y que quien se dedica a la política, es decir, con el poder y la violencia como medio, entra en un pacto con poderes diabólicos, y que por sus acciones no es cierto que solo el bien pueda provenir del bien y solo el mal del mal, pero a menudo sea todo lo contrario. Cualquiera que no vea esto es, de hecho, un niño en la política”. Karlo Otto Paetel.

Listas de Marlaska

 

   El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha elaborado un dossier cuyo contenido recoge las fichas de los profesionales del periodismo, columnistas, analistas y cargos directivos de radio, televisión y prensa escrita. El documento incluye un listado catalogado por su adscripción ideológica o la línea crítica o favorable a la acción del Gobierno. El etiquetaje en base al posicionamiento ideológico y la creación de registros por parte de los poderes públicos categorizando a los ciudadanos según su pensamiento constituye un grave atentado contra los principios constitucionales consagrados a lo largo de su articulado. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El pluralismo informativo y el derecho a recibir información veraz y libre es un marcado derecho definitorio de cualquier régimen democrático. El tratamiento de los datos personales en función de las opiniones políticas o ideológicas por la administración pública vulnera la legislación nacional de protección de datos. El Ministerio del Interior no tiene atribuidas competencias legales para rastrear y catalogar el perfil ideológico y mucho menos hacer fichas políticas de periodistas, constituyendo su actuación una desviación de poder, un atentado contra el principio de legalidad y una acción ultra vires. La administración pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La creación de registros ideológicos de carácter paralelo subvierte la neutralidad institucional y constituye una instrumentalización de los medios y estructuras ministeriales para servir a fines extemporáneos al servicio público.

 

Cargas policiales

 

   En la tarde-noche del 2 de septiembre de 2026 en la Plaza de Cibeles y en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en Madrid tuvieron lugar cargas protagonizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las concentraciones celebradas con motivo de las convocatorias ciudadanas en el marco de las movilizaciones de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta. A dichas concentraciones acudieron miles de ciudadanos de forma absolutamente pacífica. Si bien se registraron incidentes aislados y altercados protagonizados por algunos grupos, la intervención de las unidades antidisturbios se extendió de manera indiscriminada y desproporcionada contra dichos manifestantes, algunos de ellos de edad avanzada o acompañados de sus familiares, muchos de ellos menores de edad. Durante la disolución de la protesta, que afectó a viales de gran afluencia como la Calle de Alcalá, el Paseo de Recoletos o la Gran Vía, se empleó material antidisturbios de forma presuntamente desmedida, incluyendo el uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos, pese a la alta densidad de transeúntes y manifestantes, vulnerando la normativa constitucional, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que obligan a los agentes a actuar con la consonancia y proporcionalidad requeridas en el mantenimiento del orden público e incluso con menoscabo del Código Penal vigente por un posible delito contra la integridad física por las lesiones causadas por la extralimitación en el ejercicio de la actuación de los agentes de la autoridad.