Tras la concesión de la palabra, por parte de la presidencia del Congreso de los Diputados, que no del Gobierno, y, en el turno de tal uso tras el sonido de los aplausos, el profesor de Economía se dispuso a quitarse el reloj de la muñeca para colocarlo como guía horaria sobre su escaño.
Comenzaba de ese modo un hecho insólito en la andadura del constitucionalismo español, sírvase obviar el más reciente, tan extraordinario como necesario. Por primera vez, el juego del parlamentarismo no mostraba el producto prefabricado de intereses creados que excluyen de la foto al que se mueve, la agenda y fiscalización de entidades supranacionales, como la Unión Europea o Davos, o los titulares de los medios de comunicación controlados por sus amos, sino el inacostumbrado espectáculo de ver a un ciudadano salir de su casa para dirigirse, en un acontecimiento parlamentario, a los gobernantes, al resto de los presentes reunidos en las Cortes y a todo el pueblo español, dentro de las reglas arbitradas por la Constitución, como es el caso de una moción de censura, con la voluntad de criticar, en el libre uso de la palabra, sujeta únicamente a su saber y al condicionante de su privilegiada edad, la situación de emergencia en la que se encuentra España, con la finalidad de proponer soluciones que beneficien a sus ciudadanos. Unas reglas que son valores occidentales, racionalizados en la comprensión de que todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, es titular de derechos y libertades inalienables.
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