El decreto Maricarmen

            El año pasado, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se practicaron un total de 25.540 desahucios en España. Que se haya abierto un debate que ha eclipsado circunstancialmente la extrema situación de gravedad que se está viviendo en Ceuta, no es ni una cortina de humo ni un hecho aislado protagonizado por una sola persona de nombre Maricarmen. El trasfondo del impacto del conocido como Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda no se ha improvisado. La agenda de fondo no es otra que el desarrollo de un paso más para abolir la propiedad privada, esto es, la tenencia en propiedad de una vivienda. De largo ha sido un problema arraigado en América Latina, donde el mercado inmobiliario se ha visto en los últimos años intervenido por la acción estatal, en aras de un fuerte intervencionismo en forma de limitaciones al libre mercado y a los derechos de los propietarios. El ejemplo paradigmático no ha sido otro que Venezuela, a través de leyes que se han promulgado para regular y controlar los arrendamientos de viviendas, ejercer un férreo control sobre los alquileres y endurecer los procesos de desalojo o llevar a cabo procesos de expropiación de viviendas bajo el pretexto del interés social. Otro ejemplo ha sido Argentina, por medio de la Ley de Alquileres, que ha provocado la retirada de innumerables inmuebles del mercado de alquiler contrayendo la oferta disponible. A pesar de la intención aparente del Gobierno español de pretender combatir la acción de los fondos buitre, lo cierto es que las medidas como la prórroga de los contratos, las limitaciones estrictas en las actualizaciones de los alquileres y la obligación de indemnizar en ciertos supuestos de no renovación generan inseguridad jurídica que expulsa del mercado a los pequeños propietarios que terminan por vender sus inmuebles, por lo que la absorción masiva de tales viviendas al final del día recae en los mismos fondos que son los que tienen el margen de maniobra necesario para comprar activos inmobiliarios, provocando una reducción de la oferta y un aumento final de los precios que incide sobre el circuito de alquiler tradicional y la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente por parte de la clase trabajadora a quien el socialismo en el poder argumenta defender.

            Por si fuera poco, los fondos de inversión que han acumulado inmuebles, muchos de ellos procedentes de ejecuciones hipotecarias, están sujetos a provisiones y depreciaciones si los activos no generan liquidez. La normativa, como la que acaba de ser aprobada, sirve de base para que los fondos reestructuren el valor contable de sus activos en los balances, recalifiquen carteras de deuda, efectúen ajustes fiscales, actualicen su contabilidad ante los inversores internacionales y procedan a sanear carteras, revender paquetes y titularizar deudas.

República Bolivariana de España

 

   “El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apuesta por una gran reforma para hacer la Constitución Española más feminista”. RTVE.es

 

   El modelo que se está implantando por el régimen actual en España, está sobradamente demostrado en cuanto a su eficacia en el pasado más reciente de Hispanoamérica. Se trata de un fenómeno político nada nuevo y de notoria relevancia en la ciencia política, denominado golpe de Estado blando o desde dentro del propio Estado. A diferencia de la toma del poder por la acción de la presencia de los tanques en las calles, este proceso se caracteriza por utilizar la propia democracia liberal para transformarla de forma gradual en un régimen dictatorial de corte socialista, el comunismo del siglo XXI. Todo comienza con el acceso al poder a través de elecciones legalmente reconocidas y celebradas en el marco constitucional vigente. La crisis de los partidos tradicionales, el descontento electoral frente a la corrupción, la alta tasa de pobreza y marginalidad social llevan a un líder carismático al poder bajo el paraguas del populismo y la promesa de traer un nuevo pacto social desde el que refundar la nación. Una vez alcanzado el poder, lo primero que se prioriza es la redacción de una nueva Constitución, bajo las reglas del juego del sistema.

   Pablo Iglesias, planteó abrir un proceso de reforma constitucional dirigido hacia una nueva Transición, abogando por cambiar la Carta Magna para blindar derechos sociales, proteger a las familias y avanzar hacia una sociedad más feminista, modernizando las instituciones, cambiando el modelo territorial y caminar hacia una república, instaurando mecanismos de consulta como referéndums vinculantes para potenciar la participación de la voz de la ciudadanía. Bajo todo este marasmo de buenismo y mejores intenciones no se esconde sino la experiencia del libreto utilizado bajo el régimen chavista, en virtud del cual a través de una Asamblea Nacional Constituyente se procede a modificar la constitución, aprobar leyes que amplían el poder presidencial, y debilitar los mecanismos de control horizontal de los poderes públicos mediante la colonización de las instituciones y las purgas internas, cuando no los asesinatos, de los miembros clave de la fiscalía, el ejército o los altos funcionarios del Estado. El Ejecutivo, de este modo, se perpetúa en el poder, ejerciendo un control permanente sobre los órganos que debieran fiscalizarlo y sobre los órganos electorales encargados de evitar la arbitrariedad en los procesos de votación.

   “La Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP) es una iniciativa social y sin ánimo de lucro fundada en el año 2021 por un grupo de jóvenes funcionarios públicos en España. Su propósito principal es derribar las barreras económicas, territoriales y sociales que dificultan el acceso a la función pública, permitiendo que personas sin recursos puedan preparar oposiciones de forma completamente gratuita”. RTVE.es

   Una vez estabilizada la transformación del Estado, las instituciones dejan de ser neutrales y de servir los intereses del bien común o el interés general de todos los ciudadanos, y se convierten en la línea gubernamental bajo el prisma de los objetivos ideológicos y políticos del partido en el poder. El final del ciclo, se cierra con la asfixia de la oposición y la sociedad civil mediante la eliminación de los espacios de pluralidad política o libertad de expresión y protesta social, a través del control de los medios de comunicación o de la actuación del aparato represor policial. Bajo este nuevo clima creado, y gracias al espejismo de la celebración de elecciones, se imposibilita toda esperanza de alternancia en el poder, fruto del ventajismo oficialista o la muerte mediática y civil de los candidatos opositores. El resultado no es otro que la utilización de la legalidad democrática para vaciar su contenido y asegurar la permanencia indefinida del poder.

El Manifiesto Nacional Bolchevique

 

“También los primeros cristianos sabían muy bien que el mundo estaba gobernado por demonios, y que quien se dedica a la política, es decir, con el poder y la violencia como medio, entra en un pacto con poderes diabólicos, y que por sus acciones no es cierto que solo el bien pueda provenir del bien y solo el mal del mal, pero a menudo sea todo lo contrario. Cualquiera que no vea esto es, de hecho, un niño en la política”. Karlo Otto Paetel.

Listas de Marlaska

 

   El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha elaborado un dossier cuyo contenido recoge las fichas de los profesionales del periodismo, columnistas, analistas y cargos directivos de radio, televisión y prensa escrita. El documento incluye un listado catalogado por su adscripción ideológica o la línea crítica o favorable a la acción del Gobierno. El etiquetaje en base al posicionamiento ideológico y la creación de registros por parte de los poderes públicos categorizando a los ciudadanos según su pensamiento constituye un grave atentado contra los principios constitucionales consagrados a lo largo de su articulado. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El pluralismo informativo y el derecho a recibir información veraz y libre es un marcado derecho definitorio de cualquier régimen democrático. El tratamiento de los datos personales en función de las opiniones políticas o ideológicas por la administración pública vulnera la legislación nacional de protección de datos. El Ministerio del Interior no tiene atribuidas competencias legales para rastrear y catalogar el perfil ideológico y mucho menos hacer fichas políticas de periodistas, constituyendo su actuación una desviación de poder, un atentado contra el principio de legalidad y una acción ultra vires. La administración pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La creación de registros ideológicos de carácter paralelo subvierte la neutralidad institucional y constituye una instrumentalización de los medios y estructuras ministeriales para servir a fines extemporáneos al servicio público.

 

Cargas policiales

 

   En la tarde-noche del 2 de septiembre de 2026 en la Plaza de Cibeles y en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en Madrid tuvieron lugar cargas protagonizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las concentraciones celebradas con motivo de las convocatorias ciudadanas en el marco de las movilizaciones de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta. A dichas concentraciones acudieron miles de ciudadanos de forma absolutamente pacífica. Si bien se registraron incidentes aislados y altercados protagonizados por algunos grupos, la intervención de las unidades antidisturbios se extendió de manera indiscriminada y desproporcionada contra dichos manifestantes, algunos de ellos de edad avanzada o acompañados de sus familiares, muchos de ellos menores de edad. Durante la disolución de la protesta, que afectó a viales de gran afluencia como la Calle de Alcalá, el Paseo de Recoletos o la Gran Vía, se empleó material antidisturbios de forma presuntamente desmedida, incluyendo el uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos, pese a la alta densidad de transeúntes y manifestantes, vulnerando la normativa constitucional, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que obligan a los agentes a actuar con la consonancia y proporcionalidad requeridas en el mantenimiento del orden público e incluso con menoscabo del Código Penal vigente por un posible delito contra la integridad física por las lesiones causadas por la extralimitación en el ejercicio de la actuación de los agentes de la autoridad.

 

Donoso Cortés

 

“El liberalismo y el parlamentarismo producen en todas partes los mismos efectos: ese sistema ha venido al mundo para castigo del mundo: él acabará con todo, con el patriotismo, con la inteligencia, con la moralidad, con la honra. Es el mal, el mal puro, el mal esencial y substancial. Eso es el parlamentarismo y el liberalismo. Una de dos: o hay quien dé al traste con ese sistema, o ese sistema dará al traste con la Nación Española, como con toda Europa. Pero yo temo que entre en los designios de la Providencia que ese mal no pueda ser extirpado sino por otro mayor; para ese mal mayor se preparan tal vez las sociedades”.

“El socialismo no es fuerte sino porque es una teología satánica. Las escuelas socialistas, por lo que tienen de teológicas, prevalecerán sobre la liberal por lo que ésta tiene de antiteológica y escéptica, y por lo que tienen de satánicas, sucumbirán ante la escuela católica, que es a un mismo tiempo teológica y divina”. Donoso Cortés.

La ética griega

 

La filosofía moral griega puede definirse como la ética de las virtudes, o areté, es decir, la búsqueda de la excelencia. La ética tiene como fin o télos, el bien o agathós, para llegar a ser el aristos, el mejor en virtud. Para Aristóteles, el bien es aquello perseguido por todas las cosas, “el fin último del hombre no puede ser otro que la política entendida como aquella actividad que no sólo incluye los fines de todas las ciencias, sino el bien de la ciudad, que es el mismo o que el de todos los individuos”. El bien, además, anhelado por el ser humano no es otro que la felicidad. La felicidad para Aristóteles no reside en el individualismo sino en el conjunto de la comunidad. La vida virtuosa no será sino el empleo de la capacidad de la razón que anida en el alma para establecer las leyes de la conducta. En la justicia, afirmaba, están comprendidas todas las virtudes, distinguiendo entre una justicia legal, contenida en las leyes, de una justicia natural, no sujeta a condición humana alguna. En definitiva, no puede haber transición de la ética a la política sin la práctica de la virtud. Los estoicos, por otra parte, consideraban que existe un universo donde habitan todos los seres sometidos a una ley natural. El objeto de la filosofía sería conocer esa ley para cumplirla como inevitable, aceptándola voluntariamente. La muerte no sería así, sino el regreso al orden natural de las cosas, de ahí la necesidad de la ataraxia como forma de vida o la aceptación de lo inevitable. La virtud consiste en la tranquilidad interna, entendida como despreocupación hacia el infortunio. Las cosas son los hechos separados del sentido interpretativo que queramos darles. El error reside en la representación que hacemos de la realidad. Esa pertenencia al mismo universo y el sometimiento a la ley natural nos hace iguales, pero lo que realmente nos hace libres es el pensamiento. Ante la adversidad, continuaban los estoicos, hay que adaptarse con sabiduría. Diógenes, al referirse a los esclavos, considera que la libertad reside en el alma, y para él la virtud no es otra cosa que la total independencia respecto a la sociedad, es decir, vivir acorde con la verdadera naturaleza. La libertad y la autarquía son el objeto de la vida moral. Para Epicuro, el conocimiento teorético, sólo es útil para conseguir la felicidad, entendida como ausencia de dolor. Conseguir la independencia de los deseos para cultivar el pensamiento y la vida espiritual, es saber distinguir que no todos aquellos son buenos ni que todos los dolores son malos y hay que evitarlos, por lo que habría que vivir en lo oculto, como desprecio de la ambición y el poder mundano.

Mentiras

Si bien el sistema político de Estados Unidos no cuenta automáticamente con una falta legal por la cual se pueda destituir de manera directa a un presidente por el hecho de mentir, la Constitución establece mecanismos específicos de control político y destitución para casos en los que no decir la verdad bajo juramento ocasione un grave perjuicio. El escándalo Watergate puso fin a la administración de Nixon, bajo el eje central de una trama basada precisamente en la mentira y el encubrimiento. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos hubiera mentido públicamente y usado el poder presidencial para encubrir a los responsables del caso y entorpecer la labor de la justicia, provocó la renuncia del cargo electo de la Casa Blanca. Mentir no sólo terminó con Nixon, sino también con Bill Clinton, por exactamente la misma razón, por perjurio y obstrucción a la justicia. Tanto en Reino Unido como en Francia, existen normas de corte institucional y códigos éticos de conducta muy estrictos que sancionan la mentira cuando afecta al Parlamento o a las principales instituciones del Estado. El gobierno británico tiene la obligación de dar información veraz a la Cámara, bajo falta gravísima en caso de incumplimiento, mientras que el presidente francés puede responder por mandato constitucional por el incumplimiento de sus deberes.

Sin embargo, a diferencia de los Estados Unidos, Francia o Reino Unido, la acusación de mentir en el terreno político suele formar parte de la confrontación partidista y de la crítica de la oposición, sin que constituya una responsabilidad penal ni active de forma automática un mecanismo legal de destitución en el sistema parlamentario español. En el debate político de España, las mentiras o contradicciones de los líderes políticos, sobre todo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son tan habituales, especialmente en situaciones de crisis o alta tensión institucional, como rutinarias y exentas de cualquier consecuencia, salvo que se active la moción de censura como vía de control parlamentario.

Valle de los Caídos II

 

  A pesar de existir un claro oficio gubernamental en tratar de atentar contra un recinto como es el Valle de los Caídos, lo cierto es que la viabilidad de un proyecto de demolición controlada, física o simbólica, contra un monumento histórico es, desde el punto de vista legal y jurídico, complejo y difícil de llevar a buen término, por lo que la declaración de Bien de Interés Cultural, BIC, estatal o autonómico, se cierne como la única situación jurídica real de protección patrimonial.

  El régimen jurídico, del redefinido Valle de Cuelgamuros dentro de la nueva legislación del Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, es extremadamente enrevesado. La administración del complejo depende de Patrimonio Nacional, la basílica y los espacios destinados al culto se rigen por tratados internacionales y el derecho internacional suscrito entre el Estado y la Santa Sede, y el resto de los lugares religiosos, abadía, hospedería o escolanía, por las normas de derecho eclesiástico de los lugares de culto. Por si todo esto fuera poco, al estar ubicado en la Sierra de Guadarrama se encuentra bajo la custodia y protección medioambiental del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, encargado de la seguridad de los accesos y de la aplicación de la normativa de protección civil y emergencias que afectan al suelo rústico y protegido y, para mayor complejidad posible, aunque el recinto sea de titularidad estatal, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, por estar situado dentro de su término municipal, tiene atribuidas las competencias administrativas y urbanísticas en materia de licencias de obras y del control de la legalidad municipal.

  Dada la magnitud del entramado legal que envuelve y protege al Valle, el régimen de la Ley de Memoria Democrática ha tenido que articular la resignificación como único recurso mediante el cual proceder a la catalogación como lugar para el recuerdo y homenaje a las víctimas, procediendo a la exhumación y traslado de los restos a cementerios municipales dentro del plan estatal de reparación para recuperar a las víctimas de la Guerra Civil y la reinterpretación y difusión de los hechos impuestos legalmente por el gobierno mediante el fomento de los valores constitucionales y democráticos, procediendo a la despolitización, modificación de la gestión del recinto y revisando el papel de la Fundación de la Santa Cruz.

  La protección del patrimonio histórico y la maraña administrativa actúan, por tanto, como un freno legal absoluto ante cualquier idea de atentar contra el complejo, por lo que la acción gubernamental y eclesiástica cómplice han tenido que canalizar los cambios únicamente orientados hacia la transformación simbólica, jurídica o de gestión del recinto, dado que el simple hecho de que el conjunto arquitectónico, la basílica, la abadía y la cruz estén bajo la custodia de la legislación del patrimonio histórico español, restringe cualquier posibilidad de modificar, derribar o alterar el Valle de los Caídos.

Valle de los Caídos

 

   La relación entre el Estado y la Iglesia Católica, se circunscribe dentro del fenómeno de los acuerdos confesionales, los concordatos, que se elevan como figuras que permiten el ejercicio de la libertad religiosa dentro del marco de la vida social y el respeto constitucional. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, LOLR, se enmarca dentro del artículo 16 del texto constitucional y la concreción de los derechos individuales del artículo 9.2 CE, a tenor del cual los poderes públicos deben velar porque la libertad e igualdad sean efectivas. La laicidad del Estado promulga el principio de que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero también establece la imparcialidad de los poderes públicos a quienes se les impide ordenar el funcionamiento de las opciones religiosas. El artículo 14 CE, por su parte, establece una declaración de igualdad ante la ley y prohíbe toda discriminación.

  Aunque la laicidad del Estado art. 16.3 CE sea compatible con la regulación pública de espacios monumentales y la memoria histórica, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, sin que constituya una vulneración de la autonomía de la Iglesia, siempre que se respeten los acuerdos de cooperación y los ámbitos competenciales, la resignificación supone una contradicción entre el principio de laicidad del Estado, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los acuerdos de cooperación con la Iglesia. El atentado contra la entera integridad del Valle por parte del Gobierno y la oposición en curso por complacencia, no sólo supone una afrenta directa contra la libertad religiosa y de culto consagrados en la expresión del artículo 16 CE, sino que viola el principio de laicidad, como efecto de la injerencia física en asuntos patrimoniales de la Iglesia, y del principio de cooperación, ya que éste no implica la renuncia de derechos legítimos de forma unilateral en beneficio de los poderes públicos y su adscripción ideológica.

   La gestión civil invade el recinto de culto, vulnera la autonomía de la organización de las entidades religiosas y el ordenamiento jurídico en el momento en el que los actos administrativos del ejecutivo o la Ley de la Memoria Democrática entran a modificar el derecho eclesiástico en detrimento del artículo 46 CE que obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, cualquiera que sea su titularidad. Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional garantiza su conservación como un deber de los poderes públicos exigiendo la adopción de actuaciones tendentes a eliminar situaciones de riesgo y daño efectivo que pudieran resultar irreversibles.

Ventana rota

            El politólogo James Q. Wilson introdujo junto al criminólogo George L. Kelling un experimento del que surgió la llamada teoría de la ventana rota, en virtud de la cual existe una percepción ambiental que influye sobre el comportamiento de los individuos, de modo que, si la autoridad es percibida con signos evidentes y visibles de debilidad, aquellos tienden a realizar actos incívicos. Es decir, los detalles de desorden como las ventanas rotas, los grafitis o un entorno descuidado y sucio, según dicha teoría, fomentan la comisión de delitos más graves. El alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani incorporó a ambos estudiosos a su equipo municipal, y el resultado práctico de sus ideas contribuyó a la reducción de las tasas de criminalidad.

            El efecto contrario lo tenemos en España, donde el abandono social provoca un efecto contagio, una percepción de impunidad y una sociedad vulnerablemente desatendida que atrae delitos violentos y otros ataques contra la propiedad privada.  

            Los famosos okupas sólo pueden ser detenidos o desalojados sin necesidad de orden judicial si son pillados in fraganti. Si se da una posesión del inmueble tras la consumación de un delito de allanamiento, pero los delincuentes cambian la cerradura o ponen los suministros a su nombre, la vivienda pasa a estar protegida por la inviolabilidad del domicilio y la policía no puede actuar si no es con la autorización de un juez, corriendo los gastos del inmueble a costa de su legítimo dueño.

            El atractivo que supone España como refugio subvencionado que acoge a menores extranjeros, otorgándoles una asignación semanal para gastos de ocio personal, alojamiento, alimentación, escolarización, sanidad gratuita y servicios sociales, o al alcanzar la mayoría de edad acceso a rentas mínimas de inserción, ayudas sociales autonómicas, itinerarios formativos, búsqueda activa de empleo y residencia legal, o para las personas extranjeras en situación irregular sin residencia legal la garantía de una asistencia básica universal y humanitaria, sanidad pública, escolarización básica y servicios sociales de emergencia y si tienen residencia legal, además, acceso al Ingreso Mínimo Vital y a otras rentas mínimas, prestación por desempleo y a pensiones no contributivas, provocan un claro efecto llamada, todo ello si no son víctimas de violencia de género o trata de seres humanos, en cuyo caso se abren programas asistenciales al margen de la situación documental previa o si son solicitantes de asilo o protección internacional, un estatus legal provisional que incluye alojamiento y manutención.

            Los datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) sobre el nivel de exclusión social y pobreza en España arrojan cifras escalofriantes que afectan en términos de riesgo de pobreza o exclusión social al 25% de la población, siendo un 8% considerado como pobreza severa y afectando en el caso de la pobreza infantil a la tasa más elevada de Europa. La pobreza desatendida o no cubierta afecta según fuentes como Cáritas al 50% de los potenciales españoles beneficiarios que quedan fuera del sistema público. A todo esto, hay que añadir la brecha digital que impide a muchos ciudadanos españoles realizar trámites telemáticos con las diferentes administraciones públicas o la pobreza laboral que hace que el 10% de la población laboral ocupada en España se encuentre en riesgo de pobreza debido al salario, las reducidas jornadas o la temporalidad en el empleo. Todo ello, sitúa a nuestro país a la cabeza en cuanto a pobreza y desigualdad o desempleo dentro de la Unión Europea y la OCDE.

            Si a este panorama, sumamos la grave situación que vive Ceuta, tras la entrada masiva registrada en la frontera de ilegales, la vulnerabilidad del control fronterizo, la falta de atención sanitaria suficiente, el deterioro de las condiciones de salubridad, el colapso de la atención hospitalaria y el sistema policial o asistencial, se refuerza la teoría de la ventana rota. Un gobierno débil, cuando no ausente, y una autoridad meramente testimonial y presencial, provocan un efecto de percepción ambiental que está causando actos delictivos y de agresión contra los nacionales de Ceuta y según los datos oficiales del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, el incremento de la delincuencia generalizada en todo el país.

La sociedad civil contra el jacobinismo

        El historiador y sociólogo Pierre Rosanvallon, analizando la historia política de Francia, logra a través de su obra una interpretación de incipiente interés para el caso español que nos ocupa, esto es, la desintegración de nuestro Estado. El autor galo parte del peso centralista que tradicionalmente le había sido asignado al modelo político francés, jacobino por antonomasia, para llevar a cabo una sutil corrección y determinar que esa idea de un Estado fuerte frente a una sociedad pasiva no es del todo exacta, demostrando que el papel de la sociedad civil ha jugado un rol importante como eslabón de resistencia frente a ese centralismo rígido, rompiendo la idea de ser un bloque monolítico. Las demandas sociales son, en consecuencia, tenidas en cuenta frente una de las características fundacionales revolucionarias, como había sido la de prohibir aquellos elementos gremiales o asociacionales que pudieran interponerse entre el Estado y el ciudadano.

         Es, por tanto, un elemento fundamental de la sociedad francesa la organización de la sociedad civil a través de sus elementos asociacionistas, cooperativistas o mutualistas, como un modelo que resume la historia reciente a expensas del resultado de la búsqueda del equilibrio entre la democracia francesa y sus diferentes tensiones internas. Frente a un incuestionable colapso institucional, como es el caso español actual, ese modelo de autogestión y la búsqueda constante de contrapoderes se erigen en la determinación de una necesaria instauración de la revitalización de la sociedad civil como eje de canalización de la libertad y la democracia frente a la inacción o despotismo estatal.

El okupa de la Moncloa

“Banco Santander, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alterna la colaboración institucional en grandes metas económicas y ecológicas con fuertes desencuentros fiscales. Ana Botín, ecologista y feminista: la cara humana de la española más influyente en el mundo”. elespanol.com

 

            George Soros es un inversor y magnate financiero de origen judío cuya familia sobrevivió al Holocausto falsificando sus documentos de identidad para hacerse pasar por cristianos y colaborando con los nazis en la confiscación de bienes a los judíos perseguidos. En varias entrevistas ha reconocido públicamente su carencia de escrúpulos y moralidad. Entre otras acciones, que así lo corroboran, figuran la quiebra del Banco de Inglaterra o el sistema de pensiones de algún que otro país. Al margen de sus inversiones, utiliza su importante fortuna para crear fundaciones de la Open Society, dedicada a financiar la agenda woke y progresista 2030 y crear una red de medios de comunicación y políticos afines a su causa. Algunos analistas internacionales lo sitúan como un simple subalterno de la familia Rothschild.

            La primera persona que recibió como presidente de Gobierno a George Soros en la Moncloa fu su adlátere, Pedro Sánchez, sin cámaras ni medios de comunicación. Un líder que ganó las primarias de su partido a través del pucherazo realizado en el Comité Federal, que fue elegido en 2018 tras perder las elecciones después del triunfo de la moción de censura contra Rajoy, que consiguió mantenerse en el poder gracias a la fontanería del PSOE y la gestión del voto por correo y que ya está preparando con la Ley de Nietos y la instrumentalización de la inmigración su continuidad como okupa del sillón presidencial.

¿Cui prodest?

            Al tiempo que el pueblo español es más pobre desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, como consecuencia del incremento de la presión fiscal, la pérdida de convergencia en la renta per cápita frente al entorno europeo, el aumento de la deuda pública o la inflación, las empresas del IBEX 35 han registrado un récord histórico superior a los 65.000 millones de euros en los últimos ejercicios cerrados desde 2018, impulsado fuertemente por los márgenes de la banca y el sector energético.

Israel

 

“El Parlamento de Israel debatirá reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco”. okdiario.

 

En mayo de 2024, la diputada israelí Shrarren Haskel dirigió una misiva al primer ministro Netanyahu, solicitando al Consejo de Ministros hebreo que elevase al pleno el reconocimiento formal de la independencia del País Vasco y Cataluña. Conocidas y públicas son las relaciones habidas, secretas o no, entre el País Vasco y Cataluña, es decir entre ETA y PNV o la banca catalana del pujolismo con el Estado de Israel, que no sólo se han limitado a establecer contactos puntuales o periódicos, sino a desarrollar operaciones y actividades del Mossad en territorio español, ya fuera en tiempos de la República, para minar el régimen franquista o bajo el reciente periodo democrático. La contribución a la balcanización de España, vía financiera o de apoyo material u organizativa, ha sido promovida desde el exterior de forma continua hasta eclosionar en los recientes acontecimientos de Ceuta y Melilla, o al menos esa es la tesis de no pocos analistas internacionales que sitúan al eje Israel-Marruecos como el tándem junto a EEUU que pretende directamente debilitar a España y la Unión Europea en su posición de garante del Estrecho de Gibraltar. Trump así lo ha manifestado en público, instando con su apoyo a que Marruecos se haga con el control de los territorios españoles ubicados en África, al tiempo del apoyo directo a España por parte de su homólogo Andy Burnham, guardando las apariencias de cara a la galería.    

Gibraltar

            En 1941, la Wehrmacht diseñó un plan de invasión de Gibraltar, la Operación Félix, consistente en la realización de un ataque combinado de las fuerzas armadas alemanas para neutralizar la roca. La falta de un acuerdo final entre el régimen español y el alemán impidieron llevar a cabo una operación del todo viable sobre el terreno para recuperar la soberanía española y poner término a la última colonia, así reconocida por Naciones Unidas, bajo el eufemismo de territorio no autónomo, junto a otros diecisiete entre los que se encuentra como pendiente de descolonización el Sáhara occidental.   

            El 13 de julio de 1713, el Tratado de Utrecht, cedió a la Corona británica la propiedad de la plaza española, según reza su artículo X:

"El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno”.

En virtud del mencionado artículo, se cedió únicamente la localidad, el castillo y el puerto, sin otra jurisdicción territorial, quedando terminantemente prohibida la comunicación terrestre con España, el contrabando de mercancías; las provisiones, no podían llegar sino bajo condiciones estrictas y pagando los correspondientes derechos de aduanas; y estableciendo una cláusula en virtud de la cual, la Corona española tendría derecho prioritario para recuperar su territorio cedido en caso de que Gran Bretaña decidiera renunciar a su posesión.

Una serie de epidemias, hicieron que las autoridades británicas solicitaran a las españolas la ocupación por razones humanitarias de la superficie actual. Así Gran Bretaña extendió su presencia, sin retirarse pasada la crisis sanitaria. El actual Gibraltar, que incluye la ocupación ilegal del istmo, la parte donde discurre la población, las instalaciones militares y el aeropuerto, nunca fueron cedidas en términos estrictamente legales. Tiempo después, las autoridades españolas cayeron en la cuenta de que debían haber solicitado el retroceso británico a las condiciones establecidas por el Tratado de Utrecht. El Reino Unido, frente a la legítima reclamación española arguyó en términos de derecho internacional la aquiesciencia, una figura jurídica consistente en el alegato de la falta de reclamación de un Estado ante un hecho consumado, por lo que el Estado afectado al no haber manifestado su enérgica oposición en un plazo razonable, y ante la prolongada inactividad, Gran Bretaña reconocía su presencia bajo el consentimiento implícito del Estado español.

Si se vincula la dimensión de la importancia de la entrada peninsular al Mediterráneo y el volumen energético que pasa por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz, hablamos de un consumo de petróleo y gas de alcance e importancia mundial. Dicho de otro modo, el Estrecho de Gibraltar está estrechamente vinculado al punto más crítico del planeta. La presencia en la península de Crimea así como el control de los accesos al mar Negro, no son sino el mismo deseo de Rusia de acceder al valor vital geoestratégico de la flota del Mar Negro y Sebastopol.

La aquiesciencia que arguye la defensa jurídica británica no se ajusta con la oposición explicita y la doctrina del acto contrario basado en la protesta formal e ininterrumpida de España, ya que la soberanía española nunca ha renunciado formalmente a la defensa de sus derechos territoriales. En términos de protesta diplomática, España ha reclamado sus derechos legítimos en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización, que ha aprobado resoluciones y emitido notas verbales que invalidan la idea de un consentimiento tácito o aquiescencia. Además, España reclama la nulidad del título originario por ocupación ultra vires y la delimitación taxativa de la cesión conforme al texto del artículo X. Por último, la ocupación de facto de zonas no contempladas en el Tratado de Utrecht, como el istmo o las aguas territoriales circundantes no concedidas expresamente, no tienen ni han adquirido validez jurídica definitiva mediante la simple tolerancia temporal, ya que los derechos de soberanía histórica afectados son inalienables, por lo que España no sólo debe garantizar su soberanía en las ciudades autónomas que le corresponden por derecho histórico, sino reclamar lo que le corresponde por violación explícita de su territorio nacional.

Invasión

La ciudad autónoma de Ceuta ha sido testigo de una grave crisis de flujo migratorio de proporciones históricas tras el protagonismo de una entrada masiva e irregular de personas a través del espigón marítimo limítrofe con Marruecos, ante la total e incomprensible inacción de las autoridades españolas. Decenas de miles de personas han cruzado en un intervalo de muy pocas horas los territorios de Ceuta primero y Melilla después, superando por completo los recursos de contención y los servicios de emergencia españoles, provocando el colapso de la infraestructura local y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), dejando un trágico balance de personas fallecidas por ahogamiento y provocando la generación de condiciones de gran riesgo para la población residente en la ciudad.

Ante la situación que ha desbordado los controles ordinarios de extranjería y amenazado la estabilidad de las ciudades autónomas, se deberían haber activado los mecanismos constitucionales y legales que hubieran permitido el despliegue extraordinario de los recursos del Ejército efectivos, con el fin de restaurar el orden público y proteger la soberanía nacional frente a la entrada masiva y coordinada de inmigrantes ilegales, constitutiva de un atentado directo contra la integridad territorial de España y un desafío al orden soberano de las fronteras exteriores del Estado, las cuales deben ser defendidas y garantizadas por los poderes públicos conforme al mandato constitucional y el derecho internacional en materia de control de los movimientos migratorios masivos y desordenados en zonas fronterizas terrestres y marítimas que reconoce la potestad soberana de los Estados para regular y controlar el acceso a su territorio, proteger sus fronteras exteriores y determinar las condiciones de entrada y permanencia de los ciudadanos extranjeros, dentro del marco de los convenios internacionales ratificados por España, por lo que debería haber sido declarada la emergencia nacional y activado el operativo de cooperación bilateral y los refuerzos policiales y tecnológicos, dentro de las garantías de los Convenios Internacionales para garantizar la seguridad nacional y la integridad territorial ante un claro y deliberado propósito de desbordar los mecanismos de control fronterizo al margen de los cauces legales.

Ceuta

 

“Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza”. Antonio Machado.

 

El Café Comercial de Madrid, inaugurado en 1887 en la Glorieta de Bilbao, ya era un hervidero intelectual de jóvenes escritores e intelectuales como Antonio Machado, Unamuno, Pío Baroja, Azorín o Maeztu, cuando se convirtió en el lugar de una de las famosas tertulias por acoger la noticia de la pérdida de Cuba, que inundó los periódicos de la época y, claro está, los escenarios en los que repercutió el impacto de aquel acontecimiento histórico. La noticia de Cuba provocó estupor y abrió el debate sobre la decadencia española, dando lugar al nacimiento del espíritu de la reivindicación de la identidad nacional y de la necesidad de llevar a cabo un regeneracionismo patrio. El dolor colectivo, se transformó de este modo en una de las señas de identidad de toda una generación literaria.

Algo más de una centuria después, 2026 acaba de convertirse en el año en el que se ha producido una invasión masiva de inmigrantes en territorio nacional. El asalto a la frontera, ha generado una crisis migratoria que ha colapsado el paso fronterizo de Ceuta, frente a la mirada pasiva de las autoridades españolas. La invasión diseñada y perfectamente ejecutada, ha logrado desbordar el espigón que separaba las costas marroquíes y españolas, tanto a nado como caminando por su propio pie, de miles de personas que han logrado llegar de forma continuada a una sorprendida ciudad, que a estas horas es testigo de las calles desbordadas por el impacto en las infraestructuras asistenciales, bajo el auxilio de una emergencia humanitaria y social absoluta sin precedentes.

Incendios

A finales del mes de julio del año 2026, los incendios forestales han azotado las provincias de Ávila y Madrid, así como las zonas colindantes de Toledo y otras repartidas por el resto del territorio nacional, constituyendo su impacto una emergencia ambiental y sanitaria derivada de las consecuencias de los mismos, alcanzando una superficie calcinada superior a las ochenta mil hectáreas, y que ha obligado a la evacuación o confinamiento de más de cien mil personas. La combinación de las altas temperaturas, las condiciones del viento y la leve humedad ambiental, ha provocado como consecuencia de los incendios la activación de la emergencia nacional y del nivel máximo de Protección Civil y la coordinación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Desde el ámbito jurídico y legal, existen evidencias de sucesos responsables de graves consecuencias administrativas y penales por parte de la actuación de las autoridades públicas, tipificadas en el Código Penal español, por la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En concreto, por imprudencia grave por la violación de la normativa de prevención y limpieza de las condiciones de la zona afectada por el fuego, y la responsabilidad civil derivada de la omisión de la obligación de asumir las labores operativas de extinción. Así las cosas, diferentes autoridades públicas, como el Teniente de Alcalde de Pedro Bernardo, Javier Capitán Jiménez, han difundido declaraciones públicas reconociendo y criticando el operativo y la actuación de las fuerzas públicas de emergencia, denunciando los desalojos para evitar que los vecinos fueran testigos de la supuesta falta de actuación de los operativos oficiales y afirmando que la verdadera fuente de trabajo real de contención de los incendios ha recaído sobre el protagonismo de los vecinos y voluntarios.    

Si las afirmaciones, como las del teniente de alcalde de Pedro Bernardo, entre otras, sobre una supuesta orden de inacción deliberada por parte de los servicios de emergencia fueran ciertas y se demostraran judicialmente, se habrían vulnerado diversos preceptos legales del ordenamiento jurídico español, incurriendo en supuestos delitos de omisión del deber de socorro, de prevaricación administrativa u omisión del deber de perseguir delitos y el de auxilio en catástrofes.

Una década de transformaciones: resumen 2019-2026

 

Ya nadie puede poner en duda, una realidad basada en hechos computables ocurridos durante el periodo comprendido entre el año 2019 y el momento presente, marcado por una sucesión de crisis de alcance global y nacional que han supuesto una transformación radical en términos sociales, económicos o geopolíticos.

2020 trajo consigo un confinamiento global, debido al SARS-CoV-2, cuyo impacto afectó al ámbito sanitario y social, colapsando los sistemas hospitalarios, y provocando una alteración sustancial de los hábitos de vida con la implantación de la digitalización o el teletrabajo y el distanciamiento físico. 2022 fue el año en que tuvo lugar la invasión rusa de Ucrania, afectando al mercado de la energía a nivel mundial, la escasez de materias primas y las rutas comerciales. La crisis de suministros y energía como el gas, el petróleo o la electricidad, ha encarecido sucesivamente la producción, provocando una escalada de la inflación que afecta de forma directa a los precios alimentarios, la vivienda y a otros bienes de primera necesidad. 2022/2023 fueron los años de la irrupción masiva de la tecnología en la transformación de diferentes sectores, como el mercado laboral o la creación de contenidos, gracias a la revolución de la IA y a la masificación del uso de herramientas como ChatGPT, provocando legislaciones regulatorias en materias de ciberseguridad, el entorno digital o el dinero electrónico y anticipando la posibilidad de la implantación de certificados digitales de identificación personal. 2024 fue el año de la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, aunque también a Castilla-La Mancha y Andalucía. Los fenómenos meteorológicos de lluvias torrenciales dejaron a su paso efectos devastadores para la población civil. 2025 supuso la conceptualización de un gran apagón eléctrico total o blackout gracias a la crisis energética que vivió España, a consecuencia de la paulatina evolución hacia las energías renovables, que colapsó los protocolos de seguridad y cerró el suministro de electricidad a los ciudadanos. 2026 y, más concretamente, la estación estival ha activado alrededor de 56 incendios forestales en apenas 48h a finales del mes de julio en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña y Andalucía, provocando los mayores incendios jamás registrados en España, como el de Guadalajara, Madrid o Ávila. 2026 es también el año del conflicto y la escalada de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, en el principal escenario geopolítico y de alcance y repercusión internacional que existe en la actualidad, involucrando de forma directa o indirecta a toda la región colindante en zonas como el Líbano, Siria, Irak o Yemen, convirtiendo a Oriente Medio en una amenaza para la paz mundial y las rutas comerciales esenciales para el suministro energético a través del Estrecho de Ormuz.

Aunque en apariencia directa no exista de manera formal una cabeza visible y ordenadora que actúe a modo de planificador global, lo cierto es que todos estos acontecimientos de difícil interpretación espontánea, generan el núcleo del proceso de gestación de una indiscutible gobernanza mundial, de la mano de los sucesos globales destacados al amparo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los marcos de cooperación internacional que establecen claras hojas de ruta para orientar las políticas públicas y privadas en materias como el cambio climático y la transición energética o la sostenibilidad y la agenda social. Es absolutamente incontestable, que todos los grandes acontecimientos mundiales están acelerando cambios profundos y provocando transformaciones estructurales como la digitalización masiva, la reestructuración del mercado laboral, los cambios en el modelo energético o el cambio de paradigma del modelo financiero, dejando a un lado la implicación de los parlamentos nacionales como garantes de la soberanía y la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones que le puedan afectar.

 

Campus Party

  

Corría el año 1997 cuando España se erigió en la cuna de uno de los festivales más internacionales, importantes, creativos y libres del mundo. La tecnología, la cultura digital, la ciencia y la innovación, se dieron cita al abrigo de un evento global que atrajo a todo tipo de programadores, desarrolladores de videojuegos, estudiantes, ingenieros informáticos, emprendedores y grandes marcas de empresas relacionadas con la robótica, la astronomía, la biotecnología, el diseño, el arte digital, el software o la programación. La zona de acampada, ubicada dentro del propio recinto, no se convirtió sino en una gran acumulación de tiendas de campaña y participantes acomodados a la intemperie de un evento famoso por ofrecer una conexión de alta velocidad de internet, no disponible para el usuario de entonces, que permitía realizar descargas, programar o intercambiar partidas sin interrupciones.

De ser la referencia de la vanguardia en tecnología y de proyectar al mundo entero un espíritu de libertad ofrecida por medio de la imagen de una reunión informal de geeks, bajo la organización de un evento de gran relevancia y proyección internacional, el panorama político español hizo que a partir del año 2011 todo aquello se esfumase al amparo de los recortes presupuestarios, para dar paso y conectar con la crisis económica global, el desgaste institucional  y el auge de los nuevos movimientos sociales, llámese Movimiento 15M y los indignados, la irrupción de Podemos o la llegada de los gobiernos de coalición, a lo que más tarde habría que añadir el tinte de la  corrupción y el descrédito generalizado.

Si bien durante el siglo XIX no existieron gobiernos de coalición en el sentido moderno del término, los partidos creados para aglutinar sectores o la directa firma de pactos para unir distintas facciones, desembocaron en alianzas inestables que provocaron crisis institucionales. De los albores del futuro del Campus Party, hemos retrocedido en apenas unos años al ámbito de lo abyectamente decimonónico, recuperando las ideologías de entonces, la polarización y la desigualdad social, los pucherazos, la emergencia de los nacionalismos periféricos, la crisis económica o la corrupción como motor mismo del sistema.

Clásicos de la política española reciente

"Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Mariano Rajoy.

"Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie". Carmen Calvo.

"Señor Rajoy, usted no puede bajar los impuestos a los que más tienen y pretender que la crisis se solucione bajando el precio de las chuches". Leire Pajín.

"Dos que comparten colchón, son de la misma opinión". Mariano Rajoy.

"Hemos destapado la Gürtel nosotros". Esperanza Aguirre.

“Al que me llame corrupto le rompo la cabeza”. Jesús Gil.

"España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles”. Mariano Rajoy.

"There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor". Ana Botella.

"La indemnización en diferido, en forma de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido, en parte de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social...". María Dolores de Cospedal.

"La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales”. Iñigo Errejón.

"A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, y además se le prohíbe beber vino. (...) ¡Déjeme que beba tranquilo! Mientras no ponga en riesgo a nadie, ¿quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? ¡Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí!". José María Aznar.

"Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político". Mariano Rajoy.

"Yo no era un impostor, yo era un colaborador del CNI, un 'Charlie' ".  Francisco Nicolás Gómez, El Pequeño Nicolás.

"El señor Jordi Sevilla, que trabajó para House Water Watch Cooper...". Pablo Iglesias.

"Los atascos a las tres de la mañana un sábado en Madrid le decían a un madrileño que su ciudad era especial... No creo que sea un motivo para alegrarse que se acaben". Isabel Díaz Ayuso.

"A casa, que ya es hora". Pedro Sánchez.

"Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente". Mariano Rajoy.

"El año que viene estaremos mejor que este, y dentro de dos, mejor que el año que viene". José Luis Rodríguez Zapatero.

"Una España a la que 75 millones de españoles vienen cada año". Mariano Rajoy.

"Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar... para apoyar ese turismo". José Luis Rodríguez Zapatero.

"Los jóvenes hoy en día no quieren un trabajo, lo que quieren es tener un sueldo". María Camila Ruiz.

"Hay una realidad de madres protectoras a las que el Estado no está protegiendo". Irene Montero.

"A mí me gusta hacerme la rubia cuando me reúno con tíos, pero no soy un florero. Cuando te haces la rubia, si eres inteligente, consigues muchísimo más". Cristina Cifuentes.

"¿Qué tal mis viciosos de la política?". Pedro Sánchez.

"Ha sido un error involuntario, una equivocación. Me llevé por error unas cremas de 40 euros y las pagué en el acto cuando me lo dijeron". Cristina Cifuentes.

"Nosotras queremos feminizar la política... porque feminizar la política no es solo que haya mujeres en los cargos de representación, que también, sino que haya mujeres portavoces y portavozas". Irene Montero.

"Estoy muy a gusto y muy tranquilo porque tenemos un Rey bastante republicano". José Luis Rodríguez Zapatero.

“Fin de la cita”. Mariano Rajoy.

"A mí me parece que la hostelería es el dinamizador de la vida en Madrid... ¿Tú crees que la gente viene a Madrid a ver museos? Viene a vivir". Isabel Díaz Ayuso.

"It's very difficult todo esto". Mariano Rajoy.

"Ministra, te deseo que te rodees de la mejor energía y te deseo valentía para decirle al presidente del Gobierno que las cosas que no se ven, existen". Irene Montero.

“Todo lo que se refiere a mi partido no es cierto, salvo alguna cosa que es la que se ha publicado”. Mariano Rajoy.

"El Gobierno de España nos trata como si fuéramos tontos, y no lo somos... bueno, algunos sí". Isabel Díaz Ayuso.

Colapso

   La lectura de la situación actual de España, en base a la información ofrecida por los organismos oficiales, nos impone el compromiso de no poder eludir la responsabilidad de atender la grave y demoledora realidad que arrojan los datos sobre el nivel de endeudamiento y déficit, situados por encima del 101% del PIB. A la situación económica, se une un colapso tanto de la administración como de los servicios públicos, debido a un problema claro de saturación, sobre todo en el ámbito de la sanidad pública, donde los ciudadanos tienen que sufrir largos tiempos de espera para, en algunos casos, no ser atendidos después de pasar por largas listas de espera. Las dificultades no sólo se concentran en el ámbito sanitario, sino que se extienden a otras instituciones, como el Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social o la AEAT, sin dejar de lado el retraso debido a la alta litigiosidad del sistema judicial español.

   Por si fuera poco, la encrucijada demográfica necesariamente debería abrir un debate sobre los procesos migratorios alentados por la agenda política y económica, que afectan al problema generacional, el envejecimiento de la población española, la sostenibilidad del Estado del bienestar y el acceso a la vivienda, provocado éste último además por el estancamiento de la oferta, el incremento del precio de los alquileres y la especulación inmobiliaria de los grandes fondos de inversión.

Crisis actual

“Algunos incluso creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, conspirando con otros en todo el mundo para construir una estructura política global; un mundo único, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable, y estoy orgulloso de ello.” David Rockefeller.

 

A estas alturas, ya no es significativa la ausencia de cualquier atisbo de transparencia que impida vislumbrar la realidad efectiva de la existencia de una estructura de poder, que mira por sus únicos intereses en aras de poder lograr una gobernanza global. La consecución de un gobierno mundial, ha sido revelada en su día en pública y notaria publicidad escrita por David Rockefeller, así como por otros autores de notoria relevancia.

El juego del tablero mundial, sus crisis y conflictos, no son sino el resultado manifiesto en un segundo orden de una reconfiguración a nivel geopolítico supeditada al ejercicio del poder del sistema financiero. La desglobalización, el nearshoring o proteccionismo industrial llevado a cabo por las grandes potencias, la persecución de la autonomía estratégica o la implementación por parte de los fondos de inversión de la economía regenerativa con la excusa del cambio climático, en un contexto de digitalización y auge de la IA, están modificando el modelo económico y la propia arquitectura del sistema financiero.

En este contexto, ha surgido un nuevo concepto que aúna el área de influencia de la esfera del capitalismo con una fusión de los estados bajo una arquitectura internacional, que ha agrupado a los diferentes países bajo la organización de uniones continentales, como paso previo a la instauración de un gobierno único de alcance global. Para ello, se ha tejido toda una red de organismos internacionales, entre los que destacan los futuros nodos de una gobernanza mundial ya en ciernes.

La desintegración política y territorial de las naciones, bajo el dictado de un orden basado en la cesión de soberanía, no sólo implica la necesidad de someter su destino a una organización supranacional, sino atacar en sí su propia identidad, por ello no es casual la apertura de las fronteras a la inmigración masiva en Europa. La nueva normalidad, entraña una desregulación que conlleva el tráfico del comercio libre del capitalismo a nivel planetario, mientras se ejerce al mismo tiempo sobre la población el ejercicio del control social y la vigilancia masiva de corporaciones como Palantir Technologies, a través del big data, la inteligencia artificial y la vigilancia estatal, a través de la infraestructura técnica que permite a los gobiernos y sus cuerpos de seguridad rastrear, predecir y monitorizar todo el comportamiento de los ciudadanos. Una población, sometida al control de su crecimiento, a través de políticas maltusianas dirigidas a evitar su crecimiento descontrolado, bien sea mediante la instauración de los nuevos derechos o la financiación y difusión de movimientos sociales, al amparo de las agendas sostenidas y financiadas por las élites financieras.

Accountability

 

La política en democracia se caracteriza por su conflictividad. Para canalizar pacíficamente dicha eventualidad, los partidos actúan en sede parlamentaria. Toda democracia se caracteriza por la existencia de una pluralidad de pensamientos, materializados por los partidos políticos a través de su representación parlamentaria. Los partidos, como instrumentos a través de los cuales los ciudadanos son representados, pueden caer en un abuso corrupto, e incluso delictivo, en su actuación política. Según O´Donnell, existen dos rendiciones de cuentas, una horizontal y otra vertical, caracterizada esta última por el control electoral por parte de los votantes, cuyo voto puede conllevar la validación o condena de la actuación de los representantes electos. Dicho castigo, podría entenderse por parte del electorado como un rechazo y condena en términos electorales a la mala praxis política. En relación a la rendición de cuentas horizontal, tanto en su vertiente de balance como asignada, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pueden actuar en términos prácticos en contra de tales prácticas ilegales, mediante el ejercicio de un control parlamentario explícito, o mediante el uso de acciones judiciales concretas. En relación a las agencias asignadas, los tribunales y órganos de carácter técnico como el defensor del pueblo o los jueces anticorrupción, pueden llevar a cabo una acción de carácter más contundente en la lucha contra la corrupción política, conllevando, en este caso, no sólo un virtual castigo que podría traducirse en réditos electorales, sino añadiendo una condena jurídica que podría conllevar como efecto un aviso frente a futuros comportamientos de carácter corrupto e ilegal. De esta manera, principalmente a través de la respuesta electoral frente a la corrupción, los ciudadanos pueden hacer responsables a los gobiernos de sus actos. Existen mecanismos de accountability, en virtud de los cuales es posible controlar política y legalmente las acciones de los políticos. La iniciativa de la sociedad civil y los medios pueden y deben exigir el cumplimiento de la ley, denunciando actos ilegales o monitoreando las agencias horizontales de control. La práctica de la accountability social incluye a determinados actores sociales, como asociaciones civiles o movimientos sociales, capaces de condicionar y posibilitar un determinado control político, ya que sus efectos conllevan la imposición de castigos en términos reputacionales y de coste político. Por último, cabe señalar que, además de la movilización legal, la vigilancia de carácter social puede convertirse en un mecanismo de control de los propios controladores horizontales.

Manifiesto Palantir

       Si ya nada lo remedia, la conclusión inevitable que arroja un escrutinio insalvable determina la irremediable colusión explícita de una élite y el final de los valores de la milenaria civilización occidental. El control que podrá llegar a ejercer la nueva tecnología que se está implantando, como herramienta de gestión de datos a gran escala de todos los ciudadanos, permitirá diagnosticar patrones de conducta, gestionar a la sociedad en su conjunto y ejercer una manipulación unilateral, sin ninguna arquitectura posible de contrapesos. La asimetría de la información, provocará que el poder sabrá todo sobe el ciudadano, y éste nada sobre el funcionamiento de la maquinaria de aquel. Pero lo más preocupante, es que el nuevo sistema permitirá el uso de algoritmos predictivos, que podrán castigar conductas antes de que ocurran, terminando así con toda la tradición jurídico-penal basada en la presunción de inocencia, el valor de la prueba y la universalidad y publicidad de la ley. De este modo, ya no existirá un código de leyes ordenadoras de la sociedad, sino que aquel será sustituido por un ojo que vigilará a modo de amenaza de castigo a una población observada bajo la lupa de la tecnología al margen de cualquier parlamento.

República

 

El gran trauma que define la historia contemporánea de España, arraigado tras la invasión napoleónica de 1808, no fue sino la división ideológica que partió definitivamente la convivencia a partir de entonces. Ese choque divisionario entre dos cosmovisiones diametralmente opuestas e irreconciliables, al más puro estilo orteguiano, puede catalogarse como la materialización de la idea de la desvertebración de España. La tradición, “Dios, Patria y Rey”, sostenida sobre la identidad del viejo orden unido al catolicismo y la monarquía, se posicionaron frente al liberalismo desintegrador de la esencia nacional y edificador de un nuevo concepto de país forjado a la luz de las Cortes de Cádiz. El clero, el campesinado y parte de la nobleza quedaron enemistados frente a las clases urbanas, parte del ejército y la burguesía intelectual. Surgieron así las dos Españas, que no han dejado de teñir el pasado más reciente con la sangre de los enfrentamientos que han ido sucediéndose, a intervalos de mediada paz o polarización más o menos exacerbada. Para el filósofo, las facciones en su afán por alimentar el enfrentamiento, no han hecho sino esforzarse en saciar sus propios intereses, antes que sostener la idea de nación como un todo, a lo que habría que añadir la ausencia de una minoría selecta capaz de guiar a la masa hacia una modernidad no ausente en el respeto de la historia española y su unidad como nación. Como analizaría Ortega en su obra “España invertebrada”, ese fue el momento de la pérdida de un proyecto común.

José Ortega y Gasset fue uno de los padres del proyecto republicano de 1931, que terminó con la monarquía de Alfonso XIII que, a su vez, había apoyado la dictadura de Primo de Rivera. Junto a Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno y Pérez de Ayala publicó un manifiesto con el que hacía un llamamiento a la intelectualidad y a la clase media para derrocar al rey con la finalidad de traer una República como proyecto nacional. Con el inicio de la andadura republicana se dio paso a la violencia, la quema de conventos, la radicalización de la izquierda, el auge del secesionismo y los desórdenes públicos que caracterizaron al nuevo orden de gobierno, por lo que pronto Ortega enunció su famosa frase, "¡No es esto, no es esto!".

El sueño de convertir a España en una nación de instituciones sólidas, que podría identificarse en la actualidad con el modelo de la república gaullista o el parlamentarismo británico, ha constituido el ímpetu que ha impulsado el sueño ilustrado de un liberalismo incapaz de lidiar con el espectro más radical de la progresía o el polo opuesto anclado en la tradición. Para eludir los muros internos, Europa ha aparecido siempre como una unidad de destino y como una idea de cultura a la que abrazarse para aminorar el temporal, sin embargo, el discípulo de Ortega, Julián Marías, criticó muy al final, a pesar de ser un europeísta convencido, como la Unión Europea surgida tras la última contienda mundial no se había asentado como la idea de un proyecto de vida, sino como una unión meramente económica. La máxima "España es el problema, Europa la solución", ha desembocado en un silogismo resolutorio fallido, al menos desde el enfoque como crítica al resultado actual, no al ideal original de los “Estados Unidos de Europa”. El Viejo Continente hoy, se ha convertido en el baluarte de la desintegración de las identidades nacionales y todo aquello que el pensamiento orteguiano, continuado por Marías, representaba; los valores compartidos, la cristiandad, la tradición de la filosofía griega y el pensamiento jurídico romano y, por encima de todo, la libertad individual. Lejos de cualquier elevado ideal, la Europa de los mercaderes ha traído la hiper-regulación, el déficit democrático, la inmigración masiva, la descristianización, la desintegración civilizatoria tras la raigambre del pensamiento único y una invertebración todavía mayor con el auge de los nacionalismos.

 

 

Cicerón

 

 "Estamos sujetos a las leyes para que podamos ser libres”. Cicerón.

 

            La tiranía del positivismo impera. Figuras como Hans Kelsen, adelantaron que el Derecho no es sino un sistema de normas creadas bajo el amparo de la separación entre la ley y su nexo moral, así, lo que es legal es lo justo, siempre que se haya creado por el cauce legislativo oportuno y bajo el procedimiento correcto, al margen de cualquier otra valoración, ya sea ética o religiosa. La “ley es la ley”, aporta, por tanto, seguridad jurídica, aunque ésta no sea sino la manifestación de la dictadura del positivismo jurídico y la relatividad filosófica. "El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado”, sentenciaba Rousseau, bajo el fragor de la Revolución Francesa, en su intento por socavar los cimientos del absolutismo para reemplazarlo por la voluntad de la razón. Nacía así, bajo el impulso de los filósofos de la Ilustración “El espíritu de las leyes” de Montesquieu, como teoría de la división de poderes, “El contrato social” de Rousseau que legitima el origen del poder en el pueblo, o la defensa de las libertades civiles de Voltaire. Todo ello, bajo la atenta mirada de Diderot y el enciclopedismo, que trataba de democratizar el conocimiento y terminar con la ignorancia y la superstición. La Ciencia Política en general y el Derecho en particular, arrancan de los principios revolucionarios, como si antes no hubiera existido nada y, por generación espontánea, la humanidad hubiera despertado del laxo sueño del letargo tras guillotinar a Luis XVI.

            Marco Tulio Cicerón, uno de los más grandes oradores de la República Romana, introdujo la filosofía griega en la praxis de la oratoria y las leyes de Roma. Sus obras “De Re Publica” y “De Legibus”, “La República” y “Las leyes”, constituyen la esencia de la civilización occidental y la génesis de su ciencia política y las bases del constitucionalismo moderno. En “La República”, reflexiona sobre cuál debería ser el Estado ideal, definiéndolo como res publica, o cosa del pueblo, entendiendo a éste como un acuerdo común entre derecho y comunidad, sentando los pilares fundacionales del contrato social de la teoría postrera de Rousseau. Para Cicerón, todas las formas de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia eran de naturaleza corruptible, por lo que debía llegarse a una constitución mixta de todas ellas para lograr un equilibrio de poder, basado en la defensa de la libertad, la igualdad y la limitación del poder. El gobierno mixto así entendido, estaría constituido por una combinación de elementos monárquicos en el Consulado, aristócratas en el Senado y populares en los Comicios y Tribunos. La ley no sería la decisión consensuada del pueblo reunido en una asamblea o la voluntad expresada por un tirano, sino la recta razón armoniada con la ley natural que, al ser de origen divino, relacionaría el vínculo directo existente entre Dios y el hombre, como expresión de su carácter inmutable, siendo justa si tiene una base moral y es acorde con la virtud. Sería más tarde Kant, quien matizaría la introspección de esa ley moral como Imperativo Categórico, "Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal". En el libro final de su obra, Cicerón concluye con el Sueño de Escipión, en el que aborda la recompensa que espera a los hombres de Estado, una vez dedicada su vida a proteger y engrandecer a la República, considerando que el servicio público es la más alta virtud y el lugar de honor que el destino guarda a quienes atienden el equilibrio de la justicia. 

Eugenesia

 

         Aunque hablar de eugenesia pueda parecer un término asociado principalmente a las practicas llevadas a cabo bajo el régimen de la Alemania nacionalsocialista, lo cierto es que tal concepto hunde sus raíces profundas en el pensamiento social y la biología decimonónica, de la mano de un familiar directo de Charles Darwin, el británico Francis Galton, a quien se atribuye su origen formal, precisamente bajo la inspiración e influencia de la obra “El origen de las especies”. La idea consiste, según Galton, en que, si los animales llevan a cabo una cría selectiva, la humanidad podría mejorar a los individuos de igual forma a través de la práctica eugenésica. El darwinismo social considera, así, a una clase social, la de los inadaptados, prescindible, debido a condicionantes como la pobreza, la criminalidad, las taras genéticas o los factores socioeconómicos. Si a todo este despropósito, sumamos la teoría malthusiana, acreditada en la obra del clérigo y economista Thomas Robert Malthus, formulada a finales del siglo XVIII, cuyo pilar se sostiene sobre la discrepancia habida entre el crecimiento exponencial de la población frente al crecimiento aritmético o lineal de los recursos para alimentarla, logramos llegar a un coctel letal por necesidad. Según Malthus, si no se controla el crecimiento poblacional, los recursos alimentarios crecerían a un nivel menor, por lo que habría que corregir el desequilibrio mediante frenos voluntarios, como el control de la natalidad o el aumento de la tasa de mortalidad mediante epidemias, guerras, crisis económicas o desastres naturales. La trampa malthusiana, describe la situación en la que cualquier desarrollo tecnológico aumentaría la producción de alimentos y, por ello, la población, entrando en un círculo vicioso de subsistencia.

Todas estas teorías, dejaron de serlo en el momento en el que se convirtieron en políticas públicas basadas en esterilizaciones forzadas, higiene racial o la política del hijo único durante el siglo XX y, ya entrados en el XXI, en políticas de ideología de género o legalización de matrimonios igualitarios, prácticas abortivas y, más recientemente, la eugenesia eutanásica. El neomaltusianismo actual es, además, de corte ambiental, basado en la escasez de recursos como la energía, las tierras raras o el agua potable, el cambio climático, el exceso de población, la economía basada en el consumo desenfrenado o la degradación medionambiental.