El año pasado, según los datos oficiales del Consejo
General del Poder Judicial, se practicaron un total de 25.540 desahucios en
España. Que se haya abierto un debate que ha eclipsado circunstancialmente la
extrema situación de gravedad que se está viviendo en Ceuta, no es ni una
cortina de humo ni un hecho aislado protagonizado por una sola persona de
nombre Maricarmen. El trasfondo del impacto del conocido como Real Decreto de
medidas urgentes en materia de vivienda no se ha improvisado. La agenda de
fondo no es otra que el desarrollo de un paso más para abolir la propiedad
privada, esto es, la tenencia en propiedad de una vivienda. De largo ha sido un
problema arraigado en América Latina, donde el mercado inmobiliario se ha visto
en los últimos años intervenido por la acción estatal, en aras de un fuerte
intervencionismo en forma de limitaciones al libre mercado y a los derechos de
los propietarios. El ejemplo paradigmático no ha sido otro que Venezuela, a
través de leyes que se han promulgado para regular y controlar los
arrendamientos de viviendas, ejercer un férreo control sobre los alquileres y
endurecer los procesos de desalojo o llevar a cabo procesos de expropiación de
viviendas bajo el pretexto del interés social. Otro ejemplo ha sido Argentina,
por medio de la Ley de Alquileres, que ha provocado la retirada de innumerables
inmuebles del mercado de alquiler contrayendo la oferta disponible. A pesar de
la intención aparente del Gobierno español de pretender combatir la acción de
los fondos buitre, lo cierto es que las medidas como la prórroga de los
contratos, las limitaciones estrictas en las actualizaciones de los alquileres
y la obligación de indemnizar en ciertos supuestos de no renovación generan
inseguridad jurídica que expulsa del mercado a los pequeños propietarios que
terminan por vender sus inmuebles, por lo que la absorción masiva de tales
viviendas al final del día recae en los mismos fondos que son los que tienen el
margen de maniobra necesario para comprar activos inmobiliarios, provocando una
reducción de la oferta y un aumento final de los precios que incide sobre el
circuito de alquiler tradicional y la dificultad para acceder a una vivienda,
especialmente por parte de la clase trabajadora a quien el socialismo en el
poder argumenta defender.
Por si fuera poco, los fondos de inversión que han
acumulado inmuebles, muchos de ellos procedentes de ejecuciones hipotecarias,
están sujetos a provisiones y depreciaciones si los activos no generan
liquidez. La normativa, como la que acaba de ser aprobada, sirve de base para
que los fondos reestructuren el valor contable de sus activos en los balances,
recalifiquen carteras de deuda, efectúen ajustes fiscales, actualicen su
contabilidad ante los inversores internacionales y procedan a sanear carteras,
revender paquetes y titularizar deudas.
