Crisis actual

“Algunos incluso creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, conspirando con otros en todo el mundo para construir una estructura política global; un mundo único, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable, y estoy orgulloso de ello.” David Rockefeller.

 

A estas alturas, ya no es significativa la ausencia de cualquier atisbo de transparencia que impida vislumbrar la realidad efectiva de la existencia de una estructura de poder, que mira por sus únicos intereses en aras de poder lograr una gobernanza global. La consecución de un gobierno mundial, ha sido revelada en su día en pública y notaria publicidad escrita por David Rockefeller, así como por otros autores de notoria relevancia.

El juego del tablero mundial, sus crisis y conflictos, no son sino el resultado manifiesto en un segundo orden de una reconfiguración a nivel geopolítico supeditada al ejercicio del poder del sistema financiero. La desglobalización, el nearshoring o proteccionismo industrial llevado a cabo por las grandes potencias, la persecución de la autonomía estratégica o la implementación por parte de los fondos de inversión de la economía regenerativa con la excusa del cambio climático, en un contexto de digitalización y auge de la IA, están modificando el modelo económico y la propia arquitectura del sistema financiero.

En este contexto, ha surgido un nuevo concepto que aúna el área de influencia de la esfera del capitalismo con una fusión de los estados bajo una arquitectura internacional, que ha agrupado a los diferentes países bajo la organización de uniones continentales, como paso previo a la instauración de un gobierno único de alcance global. Para ello, se ha tejido toda una red de organismos internacionales, entre los que destacan los futuros nodos de una gobernanza mundial ya en ciernes.

La desintegración política y territorial de las naciones, bajo el dictado de un orden basado en la cesión de soberanía, no sólo implica la necesidad de someter su destino a una organización supranacional, sino atacar en sí su propia identidad, por ello no es casual la apertura de las fronteras a la inmigración masiva en Europa. La nueva normalidad, entraña una desregulación que conlleva el tráfico del comercio libre del capitalismo a nivel planetario, mientras se ejerce al mismo tiempo sobre la población el ejercicio del control social y la vigilancia masiva de corporaciones como Palantir Technologies, a través del big data, la inteligencia artificial y la vigilancia estatal, a través de la infraestructura técnica que permite a los gobiernos y sus cuerpos de seguridad rastrear, predecir y monitorizar todo el comportamiento de los ciudadanos. Una población, sometida al control de su crecimiento, a través de políticas maltusianas dirigidas a evitar su crecimiento descontrolado, bien sea mediante la instauración de los nuevos derechos o la financiación y difusión de movimientos sociales, al amparo de las agendas sostenidas y financiadas por las élites financieras.

Accountability

 

La política en democracia se caracteriza por su conflictividad. Para canalizar pacíficamente dicha eventualidad, los partidos actúan en sede parlamentaria. Toda democracia se caracteriza por la existencia de una pluralidad de pensamientos, materializados por los partidos políticos a través de su representación parlamentaria. Los partidos, como instrumentos a través de los cuales los ciudadanos son representados, pueden caer en un abuso corrupto, e incluso delictivo, en su actuación política. Según O´Donnell, existen dos rendiciones de cuentas, una horizontal y otra vertical, caracterizada esta última por el control electoral por parte de los votantes, cuyo voto puede conllevar la validación o condena de la actuación de los representantes electos. Dicho castigo, podría entenderse por parte del electorado como un rechazo y condena en términos electorales a la mala praxis política. En relación a la rendición de cuentas horizontal, tanto en su vertiente de balance como asignada, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pueden actuar en términos prácticos en contra de tales prácticas ilegales, mediante el ejercicio de un control parlamentario explícito, o mediante el uso de acciones judiciales concretas. En relación a las agencias asignadas, los tribunales y órganos de carácter técnico como el defensor del pueblo o los jueces anticorrupción, pueden llevar a cabo una acción de carácter más contundente en la lucha contra la corrupción política, conllevando, en este caso, no sólo un virtual castigo que podría traducirse en réditos electorales, sino añadiendo una condena jurídica que podría conllevar como efecto un aviso frente a futuros comportamientos de carácter corrupto e ilegal. De esta manera, principalmente a través de la respuesta electoral frente a la corrupción, los ciudadanos pueden hacer responsables a los gobiernos de sus actos. Existen mecanismos de accountability, en virtud de los cuales es posible controlar política y legalmente las acciones de los políticos. La iniciativa de la sociedad civil y los medios pueden y deben exigir el cumplimiento de la ley, denunciando actos ilegales o monitoreando las agencias horizontales de control. La práctica de la accountability social incluye a determinados actores sociales, como asociaciones civiles o movimientos sociales, capaces de condicionar y posibilitar un determinado control político, ya que sus efectos conllevan la imposición de castigos en términos reputacionales y de coste político. Por último, cabe señalar que, además de la movilización legal, la vigilancia de carácter social puede convertirse en un mecanismo de control de los propios controladores horizontales.