La
política en democracia se caracteriza por su conflictividad. Para canalizar pacíficamente
dicha eventualidad, los partidos actúan en sede parlamentaria. Toda democracia
se caracteriza por la existencia de una pluralidad de pensamientos,
materializados por los partidos políticos a través de su representación
parlamentaria. Los partidos, como instrumentos a través de los cuales los
ciudadanos son representados, pueden caer en un abuso corrupto, e incluso
delictivo, en su actuación política. Según O´Donnell, existen dos rendiciones
de cuentas, una horizontal y otra vertical, caracterizada esta última por el
control electoral por parte de los votantes, cuyo voto puede conllevar la
validación o condena de la actuación de los representantes electos. Dicho
castigo, podría entenderse por parte del electorado como un rechazo y condena
en términos electorales a la mala praxis política. En relación a la rendición
de cuentas horizontal, tanto en su vertiente de balance como asignada, los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial pueden actuar en términos prácticos
en contra de tales prácticas ilegales, mediante el ejercicio de un control
parlamentario explícito, o mediante el uso de acciones judiciales concretas. En
relación a las agencias asignadas, los tribunales y órganos de carácter técnico
como el defensor del pueblo o los jueces anticorrupción, pueden llevar a cabo
una acción de carácter más contundente en la lucha contra la corrupción
política, conllevando, en este caso, no sólo un virtual castigo que podría
traducirse en réditos electorales, sino añadiendo una condena jurídica que
podría conllevar como efecto un aviso frente a futuros comportamientos de
carácter corrupto e ilegal. De esta manera, principalmente a través de la
respuesta electoral frente a la corrupción, los ciudadanos pueden hacer
responsables a los gobiernos de sus actos. Existen mecanismos de accountability, en virtud de los cuales
es posible controlar política y legalmente las acciones de los políticos. La
iniciativa de la sociedad civil y los medios pueden y deben exigir el
cumplimiento de la ley, denunciando actos ilegales o monitoreando las agencias
horizontales de control. La práctica de la
accountability social incluye a determinados actores sociales, como
asociaciones civiles o movimientos sociales, capaces de condicionar y
posibilitar un determinado control político, ya que sus efectos conllevan la
imposición de castigos en términos reputacionales y de coste político. Por
último, cabe señalar que, además de la movilización legal, la vigilancia de
carácter social puede convertirse en un mecanismo de control de los propios
controladores horizontales.
