La lectura de la
situación actual de España, en base a la información ofrecida por los organismos
oficiales, nos impone el compromiso de no poder eludir la responsabilidad de
atender la grave y demoledora realidad que arrojan los datos sobre el nivel de
endeudamiento y déficit, situados por encima del 101% del PIB. A la situación
económica, se une un colapso tanto de la administración como de los servicios
públicos, debido a un problema claro de saturación, sobre todo en el ámbito de
la sanidad pública, donde los ciudadanos tienen que sufrir largos tiempos de
espera para, en algunos casos, no ser atendidos después de pasar por largas
listas de espera. Las dificultades no sólo se concentran en el ámbito
sanitario, sino que se extienden a otras instituciones, como el Servicio
Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social o la AEAT, sin dejar de lado el
retraso debido a la alta litigiosidad del sistema judicial español.
Por si fuera poco, la encrucijada demográfica necesariamente
debería abrir un debate sobre los procesos migratorios alentados por la agenda
política y económica, que afectan al problema generacional, el envejecimiento
de la población española, la sostenibilidad del Estado del bienestar y el
acceso a la vivienda, provocado éste último además por el estancamiento de la
oferta, el incremento del precio de los alquileres y la especulación
inmobiliaria de los grandes fondos de inversión.
