La
ciudad autónoma de Ceuta ha sido testigo de una grave crisis de flujo
migratorio de proporciones históricas tras el protagonismo de una entrada
masiva e irregular de personas a través del espigón marítimo limítrofe con
Marruecos, ante la total e incomprensible inacción de las autoridades
españolas. Decenas de miles de personas han cruzado en un intervalo de muy
pocas horas los territorios de Ceuta primero y Melilla después, superando por
completo los recursos de contención y los servicios de emergencia españoles,
provocando el colapso de la infraestructura local y el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI), dejando un trágico balance de personas fallecidas por
ahogamiento y provocando la generación de condiciones de gran riesgo para la
población residente en la ciudad.
Ante
la situación que ha desbordado los controles ordinarios de extranjería y
amenazado la estabilidad de las ciudades autónomas, se deberían haber activado
los mecanismos constitucionales y legales que hubieran permitido el despliegue
extraordinario de los recursos del Ejército efectivos, con el fin de restaurar
el orden público y proteger la soberanía nacional frente a la entrada masiva y
coordinada de inmigrantes ilegales, constitutiva de un atentado directo contra
la integridad territorial de España y un desafío al orden soberano de las
fronteras exteriores del Estado, las cuales deben ser defendidas y garantizadas
por los poderes públicos conforme al mandato constitucional y el derecho
internacional en materia de control de los movimientos migratorios masivos y
desordenados en zonas fronterizas terrestres y marítimas que reconoce la
potestad soberana de los Estados para regular y controlar el acceso a su
territorio, proteger sus fronteras exteriores y determinar las condiciones de
entrada y permanencia de los ciudadanos extranjeros, dentro del marco de los
convenios internacionales ratificados por España, por lo que debería haber sido
declarada la emergencia nacional y activado el operativo de cooperación
bilateral y los refuerzos policiales y tecnológicos, dentro de las garantías de
los Convenios Internacionales para garantizar la seguridad nacional y la
integridad territorial ante un claro y deliberado propósito de desbordar los
mecanismos de control fronterizo al margen de los cauces
legales.
