El politólogo James Q. Wilson introdujo junto al
criminólogo George L. Kelling un experimento del que surgió la llamada teoría
de la ventana rota, en virtud de la cual existe una percepción ambiental que
influye sobre el comportamiento de los individuos, de modo que, si la autoridad
es percibida con signos evidentes y visibles de debilidad, aquellos tienden a
realizar actos incívicos. Es decir, los detalles de desorden como las ventanas
rotas, los grafitis o un entorno descuidado y sucio, según dicha teoría, fomentan
la comisión de delitos más graves. El alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani
incorporó a ambos estudiosos a su equipo municipal, y el resultado práctico de
sus ideas contribuyó a la reducción de las tasas de criminalidad.
El efecto contrario lo tenemos en España, donde el
abandono social provoca un efecto contagio, una percepción de impunidad y una sociedad
vulnerablemente desatendida que atrae delitos violentos y otros ataques contra
la propiedad privada.
Los famosos okupas sólo pueden ser detenidos o
desalojados sin necesidad de orden judicial si son pillados in fraganti. Si se
da una posesión del inmueble tras la consumación de un delito de allanamiento,
pero los delincuentes cambian la cerradura o ponen los suministros a su nombre,
la vivienda pasa a estar protegida por la inviolabilidad del domicilio y la
policía no puede actuar si no es con la autorización de un juez, corriendo los
gastos del inmueble a costa de su legítimo dueño.
El atractivo que supone España como refugio subvencionado
que acoge a menores extranjeros, otorgándoles una asignación semanal para
gastos de ocio personal, alojamiento, alimentación, escolarización, sanidad
gratuita y servicios sociales, o al alcanzar la mayoría de edad acceso a rentas
mínimas de inserción, ayudas sociales autonómicas, itinerarios formativos,
búsqueda activa de empleo y residencia legal, o para las personas extranjeras
en situación irregular sin residencia legal la garantía de una asistencia
básica universal y humanitaria, sanidad pública, escolarización básica y
servicios sociales de emergencia y si tienen residencia legal, además, acceso
al Ingreso Mínimo Vital y a otras rentas mínimas, prestación por desempleo y a pensiones
no contributivas, provocan un claro efecto llamada, todo ello si no son
víctimas de violencia de género o trata de seres humanos, en cuyo caso se abren
programas asistenciales al margen de la situación documental previa o si son
solicitantes de asilo o protección internacional, un estatus legal provisional
que incluye alojamiento y manutención.
Los datos oficiales de la Encuesta de Condiciones de Vida del
Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza (EAPN-ES) sobre el nivel de exclusión social y pobreza en España
arrojan cifras escalofriantes que afectan en términos de riesgo de pobreza o
exclusión social al 25% de la población, siendo un 8% considerado como pobreza
severa y afectando en el caso de la pobreza infantil a la tasa más elevada de
Europa. La pobreza desatendida o no cubierta afecta según fuentes como Cáritas
al 50% de los potenciales españoles beneficiarios que quedan fuera del sistema
público. A todo esto, hay que añadir la brecha digital que impide a muchos ciudadanos
españoles realizar trámites telemáticos con las diferentes administraciones
públicas o la pobreza laboral que hace que el 10% de la población laboral
ocupada en España se encuentre en riesgo de pobreza debido al salario, las
reducidas jornadas o la temporalidad en el empleo. Todo ello, sitúa a nuestro
país a la cabeza en cuanto a pobreza y desigualdad o desempleo dentro de la Unión
Europea y la OCDE.
Si a este panorama, sumamos la grave situación que vive Ceuta, tras la
entrada masiva registrada en la frontera de ilegales, la vulnerabilidad del
control fronterizo, la falta de atención sanitaria suficiente, el deterioro de
las condiciones de salubridad, el colapso de la atención hospitalaria y el
sistema policial o asistencial, se refuerza la teoría de la ventana rota. Un
gobierno débil, cuando no ausente, y una autoridad meramente testimonial y
presencial, provocan un efecto de percepción ambiental que está causando actos
delictivos y de agresión contra los nacionales de Ceuta y según los datos
oficiales del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior,
el incremento de la delincuencia generalizada en todo el país.
