El Ministerio del
Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha elaborado un dossier cuyo
contenido recoge las fichas de los profesionales del periodismo, columnistas,
analistas y cargos directivos de radio, televisión y prensa escrita. El
documento incluye un listado catalogado por su adscripción ideológica o la
línea crítica o favorable a la acción del Gobierno. El etiquetaje en base al
posicionamiento ideológico y la creación de registros por parte de los poderes
públicos categorizando a los ciudadanos según su pensamiento constituye un
grave atentado contra los principios constitucionales consagrados a lo largo de
su articulado. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión
o creencias. El pluralismo informativo y el derecho a recibir información veraz
y libre es un marcado derecho definitorio de cualquier régimen democrático. El
tratamiento de los datos personales en función de las opiniones políticas o
ideológicas por la administración pública vulnera la legislación nacional de
protección de datos. El Ministerio del Interior no tiene atribuidas
competencias legales para rastrear y catalogar el perfil ideológico y mucho
menos hacer fichas políticas de periodistas, constituyendo su actuación una
desviación de poder, un atentado contra el principio de legalidad y una acción
ultra vires. La administración pública debe servir con objetividad los
intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La
creación de registros ideológicos de carácter paralelo subvierte la neutralidad
institucional y constituye una instrumentalización de los medios y estructuras
ministeriales para servir a fines extemporáneos al servicio público.
