De
forma incuestionable el sistema bajo el que habitamos es imperfecto y carece de
cualquier ausencia de grietas, si bien, y, a fin de cuentas, no disponemos de
otra alternativa como marco de convivencia posible. El espectro
político abarca, de igual forma indubitable, una amalgama de opciones que
recorre la alternativa ideológica del voto. Sin embargo, hay y debe haber
líneas rojas que no deben ser sobrepasadas ni alteradas en su arbitrio, por lo
que el sistema debe ser salvado a costa de expulsar a un gobierno corrupto que
va más allá de cualquier juego democrático legítimo.
Un
informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ha puesto
sobre la mesa una presunta campaña llevada a cabo contra la magistrada Beatriz
Biedma encargada de dirigir la investigación del caso por corrupción que
salpica y apunta directamente al hermano del presidente del Gobierno. De la
información vertida, se desprende que fuentes gubernamentales habrían
contactado con personas vinculadas a grupos narcotraficantes con el fin de
contratar a sicarios para llevar a cabo contra la jueza labores de
hostigamiento y seguimiento, no sólo contra ella sino también contra sus hijas
menores en edad escolar. Los actos de extrema gravedad revelados por los
testimonios recabados por la UCO han ido incluso más allá, al darse a conocer
el intento de causar daños físicos a la magistrada con la finalidad de frenar
su labor judicial y desestabilizar el proceso a través de una campaña de
desinformación, bulos y presiones coordinadas. Las cloacas del Estado, según la
investigación formal de la unidad de la Guardia Civil, habrían estado vinculadas
al crimen organizado para amedrentar a una funcionaria pública en el ejercicio
de sus funciones, hecho que fuera del alcance de los grupos terroristas
operativos en la larga trayectoria de su actividad en la joven democracia
española, constituye el atentado más grave contra el Estado de Derecho diseñado
y perpetrado, además, desde dentro de las propias instituciones del Estado.
