España es un país
entregado por entero al globalismo a lo largo de todo su espectro político con
opciones reales de gobernar o de servir de llave para permitir abrir la
gobernabilidad del país. Antonio García-Trevijano en su día criticó a los
partidos políticos tradicionales y al sistema de partidos o partidocracia,
desmantelando las etiquetas convencionales de izquierda y derecha y revelando
cómo ambas no se manifiestan sino como herramientas funcionales al servicio del
gran capital y del poder financiero internacional. La falsa dicotomía
izquierda-derecha se reparte la cuota de poder institucional y el dinero, lo
que García-Trevijano llamaba el consenso, constituyendo ambas categorías una
mera representación superficial sometida a los mismos dogmas económicos y
centros de decisión globales. Si bien la derecha española carece de cualquier
principio racionalista, ordenador de una idea de nación o modelo económico
propio y, más aún, de una mínima capacidad de organización activista o
principio reaccionario que pudiera servir de alternativa, la izquierda
institucional, contraria a los intereses de la clase trabajadora, es gestora
del orden capitalista bajo el manto de la apariencia de ser el promotor de la
defensa de las causas sociales. Los partidos políticos se posicionan, según
esta línea de pensamiento, al margen de cualquier representatividad ciudadana, al
estar financiados por la oligarquía económica, financiera y mediática. El rol
de la izquierda no es otro que servir de brazo ejecutor de las políticas
globalistas que dictan el FMI o la Unión Europea en detrimento de los intereses
nacionales. La base electoral de la izquierda, amparada bajo el lema
anticapitalista, obedece a ciegas la disciplina ideológica del partido que
canaliza el descontento social por la vía parlamentaria e institucional,
neutralizando cualquier resistencia real antisistema a ese capitalismo que
pregona combatir. Así las cosas, la realidad se impone y no sólo la izquierda
entregada a los dictados de la banca y los mercados globales desarrolla las
reformas económicas en interés de la globalización en ciernes, sino la derecha
más conservadora que se inhibe frente a una izquierda que, además, enarbola la
bandera de la superioridad moral, el compromiso con la justicia social, el
igualitarismo y presume de soberbia intelectual. El neolenguaje tecnocrático del
radicalismo de izquierda, orientado a las grandes conquistas sociales o los
derechos civiles, adoctrina y neutraliza al electorado y amortigua la
posibilidad de llevar a cabo auténticas revueltas populares, sometiendo al
pueblo entero a una pérdida de soberanía nacional y permitiendo la apertura del
mercado a la especulación del capitalismo financiero global. Todo ello no
persigue sino alcanzar y promover una auténtica gobernanza global por parte de
la élite y la asimilación de las barreras nacionales bajo una estructura
ideológica, política y económica integradora de diferentes países y áreas
regionales. La excusa artificial para materializar un proyecto de tal envergadura
no es otra que la necesidad de plantear grandes problemáticas de alcance
global, como el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas o los conflictos
bélicos, para mostrar como única salida posible a cualquier resolución de los
problemas globales las soluciones dictadas por instancias supranacionales
sometidas a su vez al dictado de esa élite mundial. El advenimiento de la aldea
global, por tanto, exige el intercambio cultural, la promoción de las
migraciones, la hegemonía del control de las tecnologías de la información, el
desarrollo de una conciencia cosmopolita y la eliminación de los partidos con
principios de defensa nacional para debilitar la soberanía de los Estados
nacionales. Por esa razón, el eje derecha-izquierda española no es sino más de
lo mismo, globalización.
