Ambos
sindicatos son organizaciones mayoritarias en España, con una vinculación histórica con el PSOE, fuertemente vinculadas en sus inicios a
militantes de sectores de izquierda alternativa, que derivó con el tiempo en el
punto de inflexión que sostuvo la autonomía sindical, ya bajo el Régimen del
78. El PSOE recurre de forma regular a la interlocución de CCOO y UGT para
tramitar e implementar diferentes leyes programáticas del Gobierno, al mismo
tiempo que reparte la mayor parte de las subvenciones estatales que riegan la
representación sindical según el marco legal establecido por el propio interés
gubernamental. La convocatoria de protestas, movilizaciones o huelgas
sectoriales son sólo parte del guion. Bajo el mismo prisma ideológico, los
sindicatos apoyan la implantación de medidas sociales al tiempo que teatralizan
la presión contra el Ejecutivo socialista.
En
todo este contexto como telón de fondo, los come gambas de CCOO y UGT cuentan
ya con un dilatado y extenso, cuando no, largo historial delictivo a sus
espaldas con condenas penales en la Audiencia de Sevilla o la Audiencia
Provincial de Asturias, por citar sólo algunos ejemplos, por delitos
continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil o
desvío de ayudas públicas, entre otras causas, para celebrar cursos de
formación o nutrir los fondos económicos de fundaciones, mediante el uso de
facturas falsas. En la macrocausa de los ERE de Andalucía, sólo la fianza civil
que impuso el juez instructor a CCOO y UGT ascendió a veintinueve millos de
euros en concepto de responsabilidad civil derivada del desvío de las ayudas
investigadas. En el caso de las tarjetas de crédito de Caja Madrid y después
Bankia los gastos que derivaron en condenas de cárcel tuvieron un uso no meramente
particular destinado a financiar las actividades lucrativas de los sindicatos,
sino de índole y corte estrictamente personal de sus consejeros.
La
actividad no se ciñe a lo enumerado, ni termina aquí, sino que, además, su
corrupta necrosis se extiende como los tentáculos de los octópodos hacia la
colonización general de la administración pública y sus procesos selectivos, a
través del control de las bolsas de empleo, antes de que las plazas salgan a
oposición. En materia de sustituciones y puestos de interinidad han
desarrollado y consolidado una ingeniería que otorga una ventaja insalvable en
cualquier oposición oficial a sus candidatos. Las fundaciones, empresas, entidades y organismos,
todos ellos de carácter público, constituyen los entramados presenciales en los
que intervienen de manera directa en la injerencia de los tribunales de
selección, venta de temarios o cursos exclusivos que son los únicos que suman
puntos y establecen baremos a medida.
La creación de agencias, empresas públicas y fundaciones
sujetas a una contratación laboral flexible y los baremos ad hoc, que premian la antigüedad interina o los cursos obligatorios,
hacen inútil incluso sacar un sobresaliente en una prueba de oposición al
Estado español. A todo ello, hay que sumar el escándalo de las filtraciones en
los exámenes de oposición, como el ocurrido en RTVE, la red de favoritismos en
Ayuntamientos y Diputaciones o la trampa del modelo de estabilización de
interinos mediante el negocio cautivo de méritos a través del cual se coloca y
reparte a familiares y adeptos con carnet ideológico en los diferentes puestos
de responsabilidad, o no, de la administración pública.
