La
administración electrónica no es tan sólo una realidad, sino una agenda
impuesta que ha llegado para quedarse, pero no para hacerlo en beneficio del
ciudadano, sea o no competente desde el punto de vista del uso de las
herramientas digitales, sino para ser impuesta por la fuerza, aunque perjudique
a la gran mayoría de los ciudadanos que, con sus impuestos, pagan y sostienen
una administración que no les presta un servicio de calidad mínima suficiente a
la hora de ser atendidos en un centro público de salud, pedir una beca, solicitar
una prestación o realizar cualquier otro trámite. Lo importante del nuevo
modelo de atención digital, es que los datos cuadren en los ministerios
correspondientes, como dogma de fe, convirtiendo el servicio público en una mera
hoja de cálculo de trámites realizados por internet. Así las cosas, la
eficiencia es la dictadura de la ratio y la implantación de un marketing digital,
que convierte la administración en el espejismo de una hoja de Excel.
La
política es hoy multicanal y omnisciente, y los niveles 30 ya no son el destino
de la competencia, la jerarquía o la excelencia profesional, que cabría esperar
de los puestos más altos de dirección, sino simples comisarios políticos
nombrados a dedo por libre designación, entre quienes han hecho carrera previa
en el partido, los sindicatos o los gabinetes de asesores. Tienen por tanto el
rango, pero no el conocimiento técnico y sí la incompetencia para resolver
problemas reales.
La
vida de despacho al margen de la cara del ciudadano, la capacidad para redactar
instrucciones farragosas imposibles de aplicar, el agujero negro de la libre
designación por el que se cuela la nulidad y la incompetencia, los puestos de
confianza, los profesionales de la silla, el ascensor del carnet, los
tribunales amigos, la endogamia, los interinos de oro o las irregularidades en
el sistema de oposición libre, han hecho del mérito y la capacidad un eco de un
pasado que, en este caso, siempre fue mejor.
El
resultado no es otro que la radiografía de un desastre ejemplificado en la
queja recurrente ante el muro de las lamentaciones del ciudadano, que tiene que
hacerse con un certificado digital y matricularse en un máster en informática
para gestionar sus asuntos administrativos y poder evitar así el ser atendido
por la dictadura de la cita previa, el caos del sistema digital, el desprecio
del funcionario quemado de la ventanilla, la ilegibilidad de las normas, los
errores del sistema o la atención blindada del teléfono fantasma de la
administración que nunca atiende, porque está diseñado para que la ratio de la
digitalización de la Sede Electrónica siga subiendo.
